Perú sigue viviendo días muy convulsos. Después del golpe de estado fracasado de Pedro Castillo, el país sigue inmerso en una gran inestabilidad. Dina Boluarte ha pasado a presidir Perú y ha anunciado la convocatoria de elecciones el año 2024. Todos estos cambios no han sido bien recibidos por una parte de la población, que ha salido a la calle a protestar. Las manifestaciones se han extendido por todo el país, pero las mayores movilizaciones se concentran en el sur, donde Boluarte ha declarado el estado de emergencia para tratar de frenarlas. Hasta el momento, dos jóvenes han perdido la vida a las protestas
Algunos ciudadanos son fieles a Castillo, otros no se fían de Boluarte. Los peruanos encuentran muchos motivos para salir a protestar, ya sea por su antiguo presidente como por la nueva. Boluarte lleva poco en el cargo, pero sus reticencias iniciales a adelantar las elecciones han despertado la ira de gran parte de la población. Según informa El País, la presidenta peruana habría mostrado su intención de cumplir todo el mandato hasta 2026. Ante lo cual la población protestó con fuerza y finalmente las elecciones se prevén para dentro de un año y medio.
Las manifestaciones exigiendo unas nuevas elecciones recorren el país y concentran centenares de personas, pero estas acaban siendo reprimidas por las autoridades. En las manifestaciones dos jóvenes de 15 y 18 años han muerto, sin que hayan trascendido todavía muchos detalles de los hechos. "Lamento profundamente la muerte de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidos pésames a sus familiares", ha afirmado la actual presidenta.
Manifestación para adelantar las elecciones en el Perú / Foto: Aldair Mejía / Efe
Castillo pierde su protección legal como expresidente
El Congreso peruano ha votado una resolución con el fin de levantar la protección legal de la cual disfrutaba Castillo por su cargo. La resolución se ha aprobado por 67 votos a favor y 45 en contra. De esta manera, se abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión. Con esta resolución se elimina el antejuicio, que es un procedimiento político-jurídico a través del cual se levanta la inmunidad a los altos funcionarios por la presunta comisión de delitos de función, a fin de que sea la judicatura ordinaria la que establezca la responsabilidad penal de los funcionarios acusados, según recoge Efe.
La medida legislativa se ha aprobado justamente cuando la defensa del exmandatario ha presentado varios recursos de amparo contra la detención de Castillo, mientras que el gobierno de México ha informado de que ha recibido una solicitud de asilo por parte del exgobernante.