Un equipo conjunto de investigación ha anunciado este lunes que han solicitado una orden de detención contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre, después de que haya ignorado tres citaciones para ser interrogado sobre esta cuestión. El equipo integrado por la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CÍO), la Policía y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa han presentado la petición ante el Tribunal del Distrito Oeste de la capital surcoreana, Seúl. Es la primera vez en la historia de la democracia del país asiático en qué un presidente todavía al cargo, destituido momentáneamente de sus funciones, que se enfrenta a la posibilidad de ser detenido.
Líder de una insurrección
Los investigadores alegan que Yoon Suk-yeol encabezó una insurrección e hizo un abuso de su cargo al declarar el estado de excepción el pasado 3 de diciembre, y que, presuntamente, ordenó al Ejército que impidiera a los diputados presentes en el Parlamento votar contra el decreto. Por su parte, el presidente surcoreano ha negado las acusaciones y defiende que la declaración de la ley marcial "fue un acto de gobierno" para advertir al partido de la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, contra lo que ha descrito como un abuso del poder legislativo, que busca apoyar al régimen de Corea del Norte. Precisamente, el delito de insurrección es el único en el que no prevalece la inmunidad en Corea del Sur, que lo castiga, en el caso de aquellos a los cuales se considera líderes de un levantamiento, con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la que existe una moratoria en el país asiático desde 1997).
El equipo conjunto de investigación ha apuntado que también se ha pedido al Tribunal una orden de registro para la Oficina Presidencial y el conocido refugio de seguridad presidencial, ante los problemas que el servicio de seguridad presidencial ha impuesto para recaudar evidencias.
Yoon fue destituido el pasado 14 de diciembre por la Asamblea Nacional (Parlamento), y está apartado momentáneamente de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si restituye sus competencias o lo inhabilita definitivamente. El presidente surcoreano tiene prohibido abandonar el país. Los representantes legales de Yoon ya han anunciado que presentarán un escrito protestante la petición y han recordado que técnicamente solo la Fiscalía puede solicitar una orden de arresto preventivo en Corea del Sur. "Es una solicitud de una agencia que no tiene la autoridad para investigar (los cargos de insurrección)", ha declarado en la agencia de noticias surcoreana Yun Gap-geun, uno de los representantes legales del mandatario.