La Policía Federal del Brasil ha presentado cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado que buscaba derrocar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, después de las elecciones del 2022. Además de Bolsonaro, han sido acusadas 36 personas más por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de Derecho, intento de golpe de Estado y asociación ilícita. La investigación policial, que se ha alargado más de dos años, ha constatado la existencia de una trama que actuó "de manera coordinada", después de las elecciones del 2022, para "intentar mantener" Bolsonaro en el poder. Las pruebas y la información se han recogido en un informe de 800 páginas que el fiscal general del Brasil, Paulo Gonet, analizará para trasladarlo formalmente al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, encargado del proceso judicial. Bolsonaro ha acusado a este juez de utilizar la "creatividad" para imputarlo. "Ajusta declaraciones, arresta sin denuncia, lanza redes para pescar posibles pruebas y tiene una asesoría bastante creativa. Hace todo el que la ley no dice", ha criticado el expresidente.
Entre los acusados se incluyen Walter Braga y Augusto Heleno, dos generales retirados del ejército que fueron ministros de la Presidencia y Defensa, y de Seguridad Institucional, respectivamente. También está el exdirector de Inteligencia, Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina, Almir Garnier y el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa. El informe recoge que los investigados se estructuraron en diferentes núcleos con tareas que incluían difundir desinformación para atacar las instituciones y poner en duda la fiabilidad del proceso electoral; incitar a los militares a levantar las armas y buscar salidas jurídicas. También se investiga la financiación de estas acciones y las operaciones para llevarlas a cabo y el uso ilegal de la agencia Inteligencia. La investigación detalla cómo el núcleo próximo de Bolsonaro se reunió con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, dos de los cuales se opusieron a la trama. Los entonces comandantes del Ejército, Marc Antonio Freire Gomes, y la Fuerza Aérea, Carlos d'Almeida Baptista Júnior, afirmaron ante la Policía que el plan contaba con el visto bueno del expresidente.
Lula ganó por un estrecho margen las elecciones de octubre del 2022 ante el líder de la extrema derecha brasileña, que nunca reconoció su derrota. En los días siguientes hubo bloqueos de camioneros en carreteras, campamentos delante de los cuarteles pidiendo una "intervención militar" y graves disturbios en Brasilia, incluyendo un intento de atentado con explosivos en un camión cisterna cerca del aeropuerto. Aunque Lula da Silva fue investido el 1 de enero del 2023, una semana después, miles de activistas de extrema derecha invadieron y destrozaron las sedes de la Corte Suprema, el Congreso y la Presidencia, con el fin de incitar a los militares a salir en las calles para derrocar al líder progresista.