Portugal ha registrado un "descenso relevante" en el consumo de drogas entre el 2017 y el 2022 y es uno de los países europeos con "menor prevalencia" en el uso de la cocaína, el éxtasis y el cannabis, según el Instituto Lusitano para los Comportamientos Adictivos y las Dependencias (ICAD). Este organismo dependiente del Sistema Nacional de Salud portugués presentó dos informes este miércoles ante el Parlamento que revelan que el 11% de los portugueses consumió alguna droga a lo largo de su vida, el 3% durante los últimos 12 meses y el 2% los últimos 30 días, excluyendo el alcohol.

Con respecto a esta última sustancia, la prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas fue del 75% a lo largo de la vida, el 62% el último año y el 55% el último mes. El cannabis es la droga que los portugueses perciben más accesible, cosa que después se refleja en su consumo: El 23% de los consumidores dijo haber tomado cannabis cuatro o más veces por semana en los últimos 12 meses y el 21%, diariamente o casi diariamente en los 30 días precedentes.

En el caso de los jóvenes, el consumo de riesgo elevado dobla la media general. La oferta de droga en Portugal, detalla el ICAD, se corresponde con las "tendencias europeas" y consiste principalmente en hachís, cocaína, heroína, cáñamo y metadona, cuyos productos más a menudo confiscaron las autoridades lusitanas en el 2023. Con respecto al alcohol, los estudios constatan un aumento de la abstinencia en comparación con el 2017, aunque no hay mejoras en la mayoría de los indicadores y se verifica un inicio cada vez más temprano en el consumo.

Entre los consumidores actuales, el 37% toma diariamente o casi diariamente alguna bebida alcohólica, con el 30% decantándose por el vino, seguido del 12% que prefiere la cerveza y el 2% que opta por productos espirituosos. Estos informes parten de varios estudios, entre los cuales destaca la 5.ª Encuesta Nacional al Consumo de Sustancias Psicoactivas.

Portugal despenaliza la posesión personal de drogas

El año 2001, Portugal despenalizó la posesión personal de todas las drogas. Este hecho fue parte de la reorientación más amplia de la política hasta un enfoque centrado a la salud. En cambio, la posesión de drogas para uso personal se trata como un delito administrativo, hecho que significa que ya no se castiga con prisión y no genera antecedentes, ni tampoco estigma. A pesar de todo, las drogas se confiscan y sí que se pueden generar sanciones administrativas, como multas o servicios comunitarios.

La decisión de aplicar esta sanción la deciden los paneles de distrito compuestos por profesionales del derecho, salud y trabajo social, expone un artículo publicado en Transform, Drug Policy Foundation. Se conocen como Comisiones para la disuasión de la adicción de las drogas. Cuando un individuo es enviado por primera vez y su uso se evalúa como no problemático, la ley requiere que el caso sea suspendido. Eso quiere decir que no se aplican más medidas. Si se identifican tendencias problemáticas, se proponen intervenciones breves, incluyendo asesoramiento. En los casos de riesgo alto, donde se identifican conductas problemáticas más graves y de dependencia, las personas pueden recibir derivaciones no obligatorias a servicios de tratamiento especializado. En este sentido, la gran mayoría de casos se suspenden. Las personas que van a estas Comisiones entienden que la voluntad es ayudar a reducir el uso y educar sobre los riesgos.