El ataque a políticos parece haberse convertido en una tendencia en Alemania, con dos agresiones violentas en los últimos días, lo que ha provocado preocupación y un debate en la sociedad alemana en torno a la violencia creciente contra políticos y servidores públicos. La última víctima ha sido la vicealcaldesa de Berlín, la socialdemócrata Franziska Giffey, que este martes fue atacada por la espalda cuando visitaba una biblioteca municipal en el barrio de Alto Rudow de la capital alemana. Esta agresión se suma a la brutal paliza que sufrió al eurodiputado socialdemócrata Matthias Ecke mientras pegaba carteles en Dresden, en manos de cuatro jóvenes ultraderechistas.
El agresor de la vicealcaldesa Franziska Giffe, que sufrió heridas leves en la cabeza, es un hombre de 74 años que tiene antecedentes relacionados con delitos de odio, según la policía. Se valió de una bolsa llena de un material duro para agredirla en la cabeza y después huyó aprovechando la confusión, aunque pudo ser detenido este miércoles. Giffey, que en el pasado fue ministra de Familia (2018-2021) y alcaldesa-gobernadora de Berlín (2021-2023), se declaró "conmocionada" por los ataques "cada vez más frecuentes" en que se ven expuestas las personas que se involucran en la política.
Estos dos casos han puesto el foco en la violencia que están sufriendo políticos y cargos públicos en el país. Otros dos políticos verdes denunciaron el martes haber sido objeto de empujones, amenazas y escupitajos por parte de dos personas en un grupo supuestamente de extrema derecha porque realizaron el prohibido saludo fascista del brazo en alto. Según el ministerio del Interior de Alemania, en el 2023 se produjeron 2.790 ataques verbales o físicos, un 53% más que el año anterior, según afirmó la ministra Nancy Faeser, que reconoció "una escalada de violencia antidemocrática", que coincide con la irrupción de la extrema derecha en el país, y en Europa en general, en las puertas de unas elecciones europeas. Según estos datos, por partidos, los miembros de los Verdes son los más agredidos, seguidos de los del AfD y los socialdemócratas.
Protestas contra los ataques
Más de 2.000 personas se manifestaron el domingo pasado en Dresden para protestar ante las agresiones contra políticos y voluntarios en el marco de las campañas electorales, después del ataque del viernes a Matthias Ecke, de 41 años, que el domingo tuvo que ser operado de varias fracturas en la cara. La alianza Wir sind die Brandmauer Dresden (Somos los cortafuegos de Dresden) había convocado este acto, apoyado por varias organizaciones civiles, en la plaza Pohlandplatz de la capital sajona, próxima a la calle donde Ecke, principal candidato socialdemócrata a las elecciones europeas en Sajonia, fue agredido el viernes por un grupo de cuatro personas. Un chico de 17 años se entregó la madrugada pasada a la policía y declaró haber agredido al político socialdemócrata, de 41 años, que este domingo tuvo que ser operado. Los cuatro autores del ataque fueron identificados y están esperando juicio por lesiones graves.
También en Dresden, la noche del martes, se registró un nuevo ataque contra Yvonne Mosler, candidata ecologista al Ayuntamiento de Dresde, su hijo y varios colaboradores que enganchaban carteles electorales para los comicios europeos y comunales de Sajonia, con la presencia de las cámaras de la cadena DW que acompañaba la política. Al grito de Heil Hitler", un hombre y una mujer agredieron a Mosler, mientras las cámaras lo grababan.
Reunión con responsables de Interior
La ministra Nancy Faeser celebró el martes una reunión extraordinaria con los responsables de Interior de los Länder para abordar este tema y la preocupación creciente por la violencia cuenta a los políticos, a las puertas de las elecciones europeas del 9 de junio. Faeser anunció después un acuerdo para impulsar un endurecimiento del Código Penal para castigar los actos de violencia u hostigamiento contra figuras de la vida pública y para agilizar estos procesos judiciales, aunque para poner en marcha esta iniciativa primero tendrá que llegar a un consenso con el ministro de Justicia, el liberal Marc Buschmann.