Durante los años 2026 y 2027, cinco años después de la muerte de la reina Isabel II y su marido Felipe, el príncipe de Edimburgo, está previsto que empiecen a liberarse documentos gubernamentales clasificados sobre la vida de la difunta monarca, y desde los colectivos de investigadores académicos, cierne la preocupación que se repita la práctica habitual que se impulsa desde Windsor de retrasar o censurar la publicación de estos documentos.
Entre los archivos que se podrían consultar en los dos años que vienen, habría correspondencia entre la casa real y los departamentos gubernamentales, y relatos de viajes reales al extranjero, nacimientos, matrimonios, muertes, divorcios y otros acontecimientos trascendentales durante el periodo del reinado isabelino.
La mayoría de los registros públicos que se consideran de importancia histórica se publican al cabo de 20 años de la muerte del monarca, pero hay numerosas exenciones para los documentos gubernamentales, también por razones de seguridad nacional, revelaciones que pueden afectar a las relaciones internacionales y aquellas que involucran miembros de la familia real. Por ejemplo, los archivos de la familia real que se encuentran en Windsor no se consideran registros públicos, ni están cubiertos por la Ley de libertad de información.
Los miembros del Consejo Asesor de Registros y Archivos Nacionales, el órgano estatutario que asesora a los departamentos gubernamentales sobre la divulgación de los registros públicos, pedirán una información a los funcionarios sobre cómo se tratará el gran número de archivos que ahora se podrán divulgar, cuando ya plana una nube de sospecha por un retraso sustancial en otros casos en disputa que involucran a la familia real.
Revisar el protocolo de protección de documentos gubernamentales
Justamente por este motivo, el doctor Baldor Grosvenor, ha pedido una revisión radical de la manera de tratar los registros cuando se hace una solicitud, para evitar episodios anteriores como la negativa del gobierno a publicar artículos sobre el escándalo del ex primer ministro Profumo, que en 60 mantuvo una relación extramatrimonial con una corista relacionada con una espía ruso. Esta negativa hizo que este académico renunciara a su lugar del consejo en 2018.
En el caso de la monarquía, Grosvenor pide buscar un enfoque más uniforme y transparente a Whitehall después de que la mayoría de documentos que mencionan miembros de la familia real a menudo se mantienen en secreto por razones espurios y se mantienen en el limbo durante años.
La doctora Alison McClean, investigadora del Centro de Lenguaje y Desarrollo Académico de la Universidad de Bristol, mantiene que "que hay una reticencia creciente a publicar cualquier registro público histórico relacionado con miembros de la familia real y una tendencia todavía más preocupando de retirar el acceso documentos que se han publicado anteriormente". Esta profesora asegura que durante los últimos, los Archivos Nacional han vuelto a cerrar o han redactado "registros reales" en documentos del gabinete como la Ley de regencia de 1953, que coronó a Isabel, o los papeles sobre la investidura de Carles como príncipe de Gales el año 1969.
Desde la oficina de los Archivos Nacionales, se defienden asegurando que "todos los registros se publican de acuerdo con la Ley de Registros Públicos" y que se tendrán que llegar a acuerdos sobre qué registros que se tienen que conservar permanentemente y, que cualquier departamento gubernamental u organismo público que quiera publicar documentos relacionados con la reina, tendrá que seguir las directrices de selección y transferencia.