El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, ha decretado este miércoles disolver la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y convocar elecciones generales anticipadas, de manera que gobernará mediante decretos hasta que su sucesor asuma el cargo. El mandatario ha firmado este decreto en medio de un juicio político en contra suya por las acusaciones de la oposición de malversación y ha evitado así una posible destitución. En un mensaje a la nación, Lasso ha anunciado esta medida, contemplada en la Constitución ecuatoriana del 2008, y ha justificado utilizarla ante la "grave conmoción interna y política" que vive el país. Después de la decisión, decenas de militares y policías han rodeado la Asamblea Nacional del Ecuador, restringiendo el acceso a la zona, incluso a los políticos.
La decisión presidencial se produce 24 horas después de la comparecencia de Lasso ante la Asamblea para hacer su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de malversación. El mandatario ha utilizado lo que se denomina "muerte cruzada" para disolver la Cámara, una figura legal que le ha servido para evitar la moción de censura, que se iba a debatir este mismo miércoles en el Parlamento. La aprobación de la moción para destituir al jefe del Estado habría requerido 92 votos, equivalentes a dos tercios del hemiciclo. Pero Lasso se ha anticipado y, como ya había amenazado previamente, ha utilizado la 'muerte cruzada', firmando el decreto que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar una fecha de nuevas elecciones en los próximos siete días. Así, los ecuatorianos tendrán que volver a las urnas en un plazo máximo de tres meses para elegir diputados y presidente por el periodo que queda de mandato, que se agota en el 2025.
El general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha apoyado a Lasso y ha indicado que la decisión está fundamentada legalmente por lo que tiene que ser respetada por todos los ciudadanos. "Les Forces Armades y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no beligerantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución", ha afirmado este miércoles. Aparte, se ha mostrado "seguro" de que el país "no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia".
El presidente de Ecuador carga contra la oposición
El presidente de Ecuador ha asegurado que ocupar el cargo ha sido "un honor sin comparación" que implica "tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico necesita". "Hoy es un día en el cual tengo obligación de dar respuesta a la crisis política que tiene entrampado Ecuador", ha afirmado durante su discurso a la nación. El mandatario ha justificado su decisión, señalando que la oposición "tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado" y que, a raíz de eso, hoy en día "no es posible avanzar", ya que están "obstruyendo" la actividad de la Asamblea Nacional. En esta línea, ha subrayado que la oposición quiere "usurpar" todos los poderes del Estado con un "rencor sobrehumano". "Han sido incapaces de encontrar una prueba en contra mía porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada", ha insistido el presidente, defendiendo su inocencia.
La oposición denuncia que aplicar el decreto es inconstitucional
Por su parte, la oposición ya había cuestionado previamente el uso de la 'muerte cruzada'. Según el expresidente Rafael Correa, que se sitúa como una importante voz de la oposición desde Bélgica, "lo que ha hecho Lasso es ilegal" porque "no hay ninguna conmoción interna", sino un juicio "al aplicar la Constitución". "Tan solo no pudo comprar suficientes asamblearios para salvarse", ha señalado a través de las redes sociales. Sin embargo, el expresidente ha aprovechado para reivindicar que las elecciones generales convocadas son una "gran oportunidad para librarse de Lasso, su gobierno y recuperar la patria".
Por su parte, la oposición ha señalado que firmar el decreto para disolver el Parlamento es una acción inconstitucional porque, según denuncian, no hay ninguna situación que así lo requiera. El opositor Partido Social Cristiano (PSC) ya ha anunciado que interpondrá una "demanda de inconstitucionalidad" para suspender la aplicación del decreto. El expresidente Rafael Correa, que se sitúa como una importante voz de la oposición desde Bélgica, "lo que ha hecho Lasso es ilegal" porque "no hay ninguna conmoción interna", sino un juicio "al aplicar la Constitución". "Tan solo no pudo comprar suficientes asamblearios para salvarse", ha señalado a través de las redes sociales. Aun así, el expresidente ha aprovechado para reivindicar que las elecciones generales convocadas son una "gran oportunidad para liberarse de Lasso, su gobierno y recuperar la patria".