El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha intentado disolver el Congreso para evitar la destitución. Durante un discurso en la nación, Castillo ha anunciado la disolución del Parlamento, la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias (en un plazo máximo de nueve meses) y la instauración de un gobierno de emergencia nacional. Un anuncio que se ha producido pocas horas antes de que el mismo Congreso debatiera su tercera moción de censura, para apartarlo apartado del cargo de jefe de Estado. Llegó al poder en julio del 2021 con el partido de izquierdas Perú Libre, ganando a la derecha fujimorista de Fuerza Popular (de la estirpe Fujimori). Ahora, la oposición lo ha acusado de dar un golpe de estado.
"En atención al reclamo ciudadano por todo el país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el estado de derecho y la democracia, a efectos del cual se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia nacional", ha anunciado el presidente de Perú en el discurso a la nación. También ha intentado implementar un toque de queda en el país desde las 22.00 horas hasta las 4.00 horas (hora local). "Se declara en reorganización del sistema judicial el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)", ha añadido.
Castillo ha querido decretar que todos aquellos ciudadanos con armamento ilegal tengan que entregarlo a la Policía Nacional en un plazo máximo de 72 horas. Si no, se cometería "delito sancionado con pena privativa de libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley". En esta línea, ha dictado que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas "dedicarán los esfuerzos al combate de delincuencia, corrupción y narcotráfico, a efectos del cual se les dotará de los recursos necesarios". Finalmente, ha hecho un llamamiento a todas las instituciones de la sociedad civil, rondas campesinas (grupos de autodefensa fortalecidos durante el conflicto armado interno) y "todos los sectores sociales" a salir a defender estas medidas. Pero las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han decidido no acatar las órdenes del presidente. "Cualquier acto contrario a la orden constitucional establecido constituye una infracción en la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú", han dicho en un comunicado conjunto.
Acusaciones de golpe de estado
La oposición no ha tardado a reaccionar y legisladores de diferentes bancadas del Congreso han denunciado que Castillo ha dado un golpe de estado. Para empezar, la vicepresidenta Dina Boluarte se ha desmarcado del presidente y ha denunciado que la decisión constituye un golpe de estado. La legisladora de izquierdas Ruth Luque, de una agrupación que a menudo ha dado apoyo a la permanencia de Castillo en el poder, ha declarado que "esta decisión configura un golpe de estado y se aleja de todos los marcos constitucionales". Ha añadido que la decisión "es claramente un golpe al estilo del 92" — una referencia al "autogolpe" que dio Alberto Fujimori en 1992, cuando también disolvió el congreso.
Por parte de los fujimoristas, gente como Martha Moyano ha coincidido en el hecho de que se trata de un golpe de estado y ha pedido mantener la calma. Sin embargo, ha pedido "subir la voz y decir las cosas como son". La derechista Norma Yarrow ha asegurado que Castillo "está solo" y ha pedido a Boluarte que asista en el Congreso para asumir el cargo de jefe de Estado con el objetivo de "no permitir que este delincuente pueda atentar contra la democracia".
Dimisiones en Perú por el "golpe de estado"
Los ministros de Economía, Kurt Burneo; Relaciones Exteriores, César Landa; y Trabajo, Alejandro Salas, han sido los primeros a anunciar su renuncia. Landa ha denunciado que el presidente del Perú ha dado un "autogolpe de estado" y ha invocado la comunidad internacional a ayudar a la "recanalización democrática en Perú". Asimismo, ha revelado que el dirigente ha tomado la decisión de disolver el Congreso sin su apoyo. En diferentes tuits, los tres cancilleres han defendido su salida del gobierno por su "apego a los valores democráticos" y constitucionales. También ha dimitido el embajador peruano delante del OEA, Harold Forsyth: "No puedo por razones morales y profesionales tener ninguna vinculación con un régimen que funciona basándose en decretos". Un camino que ha seguido al embajador ante la ONU, Manuel Rodríguez Cuadros.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha rechazado "de manera enfática, toda ruptura del orden constitucional" que se pueda presentar en el país. La presidenta del Poder Judicial peruano, Elvia Barrios, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "mantenerse vigilante en defensa del estado democrático y de derecho". "Demandamos a las instituciones correspondientes mantenerse firmes en el respeto al estado de derecho y pedimos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, a mantenerse vigilantes en defensa del estado democrático de derecho", ha dicho en un tuit. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, ha pedido a las Fuerzas Armadas que trabajen para "restablecer la orden constitucional". Y el abogado de Castillo, Benji Espinoza, ha renunciado a defender al presidente porque se ha producido "una ruptura de la orden constitucional".