Tan solo hace dos semanas de la toma de posesión de Giorgia Meloni como primera ministra y ya se empiezan a ver los primeros resquicios en el gobierno italiano. La semana pasada la música techno de una fiesta rave resonaba por la ciudad de Módena. Esta fiesta ilegal, que agrupó a más de 3.000 personas de todos los rincones de Europa, generó una gran polémica, y casi antes de que acabara, el gobierno ya tenía terminada una ley contra estos acontecimientos. Comúnmente llamada "Ley Rave", pero ha generado una gran polémica entre los partidos de la oposición y también dentro del mismo gobierno, por su ambigüedad.
La norma señala que se castigará "la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público, la seguridad pública o la salud pública". Una ambigüedad o falta de precisión que preocupa, ya que podría aplicarse a otros tipos de concentraciones de protesta o manifestaciones políticas. Esta norma tiene ciertas similitudes con la "Ley Mordaza" que el Gobierno, entonces con Mariano Rajoy al frente, aprobó el año 2015. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, ha defendido en una nota que la medida "protege la seguridad jurídica y la salud pública" y ha subrayado que "ni incide ni podría incidir mínimamente en los sacrosantos derechos de libertad de expresión y de reunión". "Su formulación compleja está sometida a la opinión del Parlamento, que tiene la competencia para aprobarla o modificarla según su intención", escribió Nordio.
El delito, en esta primera versión del decreto, prevé una pena de entre tres y seis años de prisión y multa de entre 1.000 y 10.000 euros para los que "organicen o promuevan" la reunión. La oposición de centro e izquierda ha criticado duramente esta medida, porque temen que podría coartar otro tipo de reuniones, aunque tanto Meloni como su vicepresidente, el ultraderechista Matteo Salvini, han afirmado que se sienten "orgullosos" de su aprobación. No obstante, en las últimas horas varios integrantes del Ejecutivo están valorando la posibilidad de limarla o enmendarla durante su conversión en ley en el Parlamento, sobre todo a la Forza Itàlia de Silvio Berlusocni, ala más moderada de la coalición derechista.
La oposición combatirá el decreto
Los partidos que no conforman el ejecutivo ya han anunciado que combatirán el decreto al Parlamento. El líder de la oposición, el secretario del Partido Democrático, Enrico Letta, advirtió que es "un gravísimo error", porque nada tiene que ver con las "raves", sino que "se cuestiona la libertad de los ciudadanos". Giuseppe Conte, líder del Moviment 5 Estrelles, lamenta la "discrecionalidad" del asunto, todo dependerá de los delegados del Gobierno, es decir, del Ejecutivo, mientras Riccardo Magi, exponente del partido +Europa, habla de un "sabor putiniano".
Sobre la medida también se expresaron organizaciones como Amnistía Internacional Italia, que consideró que esta ley "corre el riesgo de tener una aplicación amplia, discrecional y arbitraria en detrimento del derecho a la manifestación pacífica, que debe ser protegido y no criticado". "No hay vuelta atrás", escribió en las redes sociales el líder de la gubernamental Liga y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, defendiendo que "las leyes se respetan"