Crisis abierta al gobierno francés. El ministro de Salud, Aurélien Rousseau, ha presentado su dimisión este miércoles por la mañana, después de que se haya aprobado la polémica ley de inmigración, votada junto con el ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen. Rousseau, del Partido Socialista francés, ya avisó antes de la votación de que no tenía "ninguna duda" sobre qué hacer: "Si se vota el texto, me voy", afirmó el martes en Le Monde, al mismo tiempo apuntando que no da "lecciones de izquierdas ni de moral a nadie", pero que no le es "posible explicar este texto".
Este miércoles, Rousseau ya ha estado "ausente del Consejo de Ministros", según ha afirmado el portavoz del gobierno francés, Olivier Véran. Este ha apuntado que la hasta ahora viceconsejera de Ordenación Territorial y Profesiones Sanitarias, Angès Firmin Le Bodo, será la ministra de Salud interina. Además de Rousseau, otros cuatro ministros ya pusieron ayer sobre la mesa qué hacer en caso de aprobarse la ley: Sylvie Retailleau (Educación superior), Patrice Vergriete (Vivienda), Roland Lescure (Industria) y Clément Beaune (Transportes). Así y todo, Véran asegura que "no hay ningún movimiento de revuelta ministerial".
El portavoz del gobierno francés ha afirmado que el Ejecutivo ya era consciente de que intentar aprobar una ley de inmigración con la actual composición parlamentaria "era una tarea peligrosa". Dado que el bloque macronista perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en las legislativas del año pasado, "hacía falta un compromiso", que según Véran no podía ser con la izquierda porque rechazó debatir el proyecto de ley en la cámara baja. Por eso, justificó que el Gobierno se vio forzado a buscar un compromiso con la derecha tradicional de los Republicains (LR), que controla la mayoritaria en el Senado, ya que la izquierda "quiere acoger a todo el mundo" y la ultraderecha pregona la "inmigración cero".
Véran admite que en la versión final de la ley de inmigración "hay medidas que no nos gustan, pero no nos deshonran", ya que fueron exigidas por el LR para dar su apoyo. En cambio, recalca que el texto incluye "medidas de justicia", como la regularización de indocumentados que trabajen en sectores económicos que no encuentran mano de obra o que los menores no podrán ser llevados a centros de internamiento de extranjeros irregulares. Por su parte, la primera ministra, Élisabeth Borne, ha reconocido hoy en la radio pública France Inter que algunas de las medidas incluidas en la nueva ley de inmigración aprobada pueden ser contrarias a la Constitución y el Gobierno pedirá examinarlas al Consejo Constitucional.
Un endurecimiento de las leyes de inmigración
La Asamblea Nacional francesa aprobó este martes una discutida y más restrictiva ley de inmigración, que tuvo los votos de la ultraderecha, en una votación marcada por las amenazas de dimisión en el mismo partido de Macron. El texto ha sido aprobado por 268 votos a favor (Reinassence de Macron, los conservadores de LR y la ultraderecha del RN) y 186 en contra, básicamente de la coalición zurda Nupes. El texto acordado limita a 10.000 trabajadores anuales, pero no bloquea, el objetivo del Gobierno de regularizar a los inmigrantes indocumentados que se ejerzan en sectores que no encuentran mano de obra, como la construcción o la hostelería. Además, extiende a cinco años desde los actuales seis meses, el periodo de espera al hecho de que los inmigrantes legales extracomunitarios pueden solicitar ayudas para la vivienda o de carácter familiar. También se suprime el derecho automático al trabajo para los solicitantes de asilo (actualmente hay un periodo de espera de seis meses). Otro elemento es que se endurecen las condiciones de acceso al trabajo para los estudiantes extranjeros. Adicionalmente, se establece el objetivo de crear cuotas de inmigrantes anuales, se crea el delito de residencia ilegal en suelo francés, penado inicialmente con fuertes multas, y se prevé la retirada de la nacionalidad en los binacionales que cometan unos ciertos delitos. En cambio, se prohíbe el ingreso de menores de edad en centros de detención administrativa para inmigrantes indocumentados y se aumentan las penas para los traficantes de inmigrantes.