Con la amnistía y la autodeterminación como protagonistas de la negociación de los partidos independentistas para una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y también con el foco puesto sobre la Unión Europea ante la posibilidad de que el catalán se convierta en idioma oficial, este martes se ha presentado en Estrasburgo la propuesta para regular el derecho a la autodeterminación. Los encargados de dar los detalles desde el Parlamento Europeo han sido los miembros del Self Determination Caucus, un grupo de diferentes partidos políticos que defienden este derecho por toda Europa, entre ellos estaba Jordi Solé, diputado por Esquerra Republicana y miembro de los Verdes, Izaskun Bilbao, del Partido Nacionalista Vasco que pertenece al grupo Renew, y François Alfonsi, independentista corso de Femu en Corsica.
En esta rueda de prensa también han participado Elisenda Casanas y Xelai Nikolas, dos de los expertos que han redactado la propuesta, que han aclarado que esta es de sencilla aplicación y se ha elaborado de forma cuidadosa para evitar interferir en la soberanía de los estados miembros. Además, en caso de ser aprobada, hecho que se prevé complicado, no supondría tener que modificar los tratados de la Unión, uno de los puntos que podría generar más preocupación y controversia, motivo sobre el cual han incidido en diferentes ocasiones los expertos durante la rueda de prensa. Por su parte, el republicano Jordi Solé también ha subrayado que estos procesos de autodeterminación no son solo una cuestión interna de los estados miembros, como a menudo se ha planteado, sino que van más allá y tienen también una dimensión europea: "Estos procesos tienen lugar dentro de la Unión Europea y el resultado puede implicar un cambio en su configuración", ha justificado.
El papel de la UE: marco democrático, mediación y garantizar derechos y libertades
Ante esta situación, el Self Determination Caucus recoge en su propuesta diferentes elementos para regular el derecho a la autodeterminación. El primero afecta directamente a la Unión, que tendría que prever un "marco democrático que garantice que durante los procesos se respeten sus valores y principios", desde el respeto al estado de derecho a la prohibición del abuso de poder. En la misma línea, también se tienen que garantizar los derechos y libertades, así como el principio de no discriminación y comprobar al mismo tiempo la legitimidad de la reclamación de la autodeterminación, en lo que este grupo ha bautizado como "legitimacy check" en todas las fases.
Esta propuesta también exige que la Unión Europea proporcione seguridad jurídica tanto en caso de que la ciudadanía escoja su independencia como si opta seguir formando parte de este organismo, a quien le piden que actúe como mediador en caso de que no todos los principios se respeten y no haya acuerdo. "Pedimos certeza legal tanto si se decide la secesión como quedarse en la UE", ha resumido Solé.
Una propuesta ante la incertidumbre
Elisenda Casanas, una de las expertas tras la propuesta, ha señalado, como el eurodiputado, la dimensión europea de un proceso de autodeterminación, que se acentúa cuando una región quiere separarse del Estado pero seguir formando parte de la Unión Europea. En este sentido, ha subrayado que, a estas alturas, no hay ninguna legislación clara en este sentido, hecho que genera una situación "de riesgo" para los ciudadanos. Su propuesta da respuesta así, según ella misma, al panorama incierto, a la vez que normaliza un proceso democrático como tendría que ser el de la autodeterminación.