El Brasil toma la calle. Miles de mujeres han salido a protestar los últimos días en las principales ciudades del país. El motivo: un polémico proyecto de ley que pretende endurecer el aborto a partir de las 22 semanas de embarazo. De hecho, la propuesta es tan alocada que equipararía la interrupción voluntaria del embarazo con un homicidio. En Brasil, según las normas actuales, el aborto es legal solo en casos de violación, riesgo de muerte para la madre o anencefalia del feto, aunque la ultraderecha y las influyentes iglesias evangelistas presionan el Parlamento para endurecer estas condiciones.

Las marchas, convocadas por decenas de organizaciones feministas, empezaron el jueves en las calles de São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, recorriendo las principales arterias de las grandes ciudades del país, y este sábado se han repetido nuevas manifestaciones en São Paulo. Durante las protestas, se han oído gritos contra el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, así como pancartas pidiendo 'Aborto legal ya', ataúdes y mujeres llevando pañuelos verdes, un símbolo de la lucha por este derecho en toda Latinoamérica. Uno de los lemas más repetidos es "Crianza não é mãe" (Una niña no es una madre), que pretende señalar el alto índice de embarazos entre adolescentes que hay en el país, y los efectos que tendría el endurecimiento de la interrupción voluntaria. Según datos del sistema de salud nacional, 44 bebés nacen cada hora de madres adolescentes en el Brasil, de los cuales 2 son de gestantes de entre 10 y 14 años.

Miles de mujeres salieron a las calles este jueves por el aborto / Foto: EFE
Protestas este sábado en São Paulo por el aborto / Foto: EFE

¿Qué dice la propuesta de ley?

La propuesta ha cogido impulso en los últimos días. El miércoles, la Cámara de Diputados del Brasil acordó este miércoles debatir con carácter de urgencia el proyecto de ley para endurecer el aborto. La propuesta fue presentada por el diputado Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal —que lidera el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro—, y plantea una modificación del Código Civil con el fin de establecer penas similares a las de un homicidio para aquellas mujeres que interrumpan un embarazo después de las 22 semanas. Según el texto actual, el aborto sería considerado como un "homicidio simple" y se castigaría con entre 6 y 20 años de prisión, incluso en casos de violación —mientras que la pena aplicada a los violadores oscila entre los 6 y 12 años de prisión—. El carácter de urgencia para el debate, aprobado por la mayoría conservadora de la cámara baja, permitirá que el proyecto se tramite con más celeridad y llegue directamente al pleno de los diputados.

Más allá de las protestas feministas en las calles, también desde la primera plana política ha habido una reacción contra la propuesta. El presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tildado el proyecto de ley de "locura", convencido de que el estatus actual "garantiza una actuación civilizada" en el país sobre esta cuestión, ya que "trata el violador con rigor y con respeto a las víctimas". El mandatario se ha posicionado personalmente en contra del aborto, pero ha condenado el hecho de "querer castigar a una mujer víctima de violación con una pena mayor que el criminal que comete la violación", como propone el proyecto. "Como el aborto es una realidad, tenemos que tratarlo como una cuestión de salud pública", afirmó el jefe de estado.