Las aparentes buenas relaciones entre la Rúsia de Vladimir Putin y el Brasil de Jair Bolsonaro están en la cuerda floja. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria brasileña, Anvisa, ha desautorizado la importación con carácter de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, ya que considera que el pedido no prevé la documentación exigida para cinco immunitzantes.
Esta noticia se confirmó el lunes y hoy los productores de la Sputnik ya han dado un aviso: "A raíz de la admisión del regulador Anvisa que no ha aprobado nuestra vacuna, Sputnik está iniciando una demanda por difamación en Brasil contra Anvisa para difundir intencionadamente información falsa e inexacta". Así lo han confirmado en twitter.
La presión de los Estados Unidos
El no de la agencia brasileña vino después de una extensa reunión convocada de forma extraordinaria para atender un plazo de respuesta fijado por la Corte Suprema de Justicia, el Cuerpo Colegiado del órgano regulador e integrado por cinco directores sanitarios que determinó después de cinco horas y por unanimidad el no a la vacuna.
Las alarmas, según el presidente de Anvisa, Antonio Barra Torres, vienen también motivadas por la ausencia de aprobación de la Sputnik en Japón, Europa y los Estados Unidos. Detrás de los departamentos de salud están los tentáculos de Bolsonaro y la opinión pública considera que ha dicho no, motivado por las presiones del presidente norteamericano, Joe Biden.
El coronavirus puede derivar, todavía más, en una crisis política en Brasil, esta vez motivada desde el propio gobierno por discrepancias internas. Anvisa considera que la actitud aislacionista es una posición incómoda que les ha comportado pedir información a través de correos electrónicos mientras ya hay 60 países que lo han aprobado. Ambas posiciones, a favor y en contra, chocan entre sus mismos miembros.
En paralelo, el Senado del Brasil ha iniciado una investigación sobre la respuesta del gobierno federal de la Covid-19, que podría obstaculizar la candidatura a la reelección del presidente Bolsonaro si desemboca en un proceso de juicio político o cargos penales.
Aunque la comisión del Senado no es un órgano judicial, tiene el poder de reunir pruebas para defender que se haga un juicio político. Además, la comisión también analizará las transferencias de fondos federales a los estados y municipios para luchar contra el covid-19: "No estoy preocupado porque no debemos nada", afirma Bolsonaro.