El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha promulgado este sábado una ley que prohíbe a los ciudadanos procedentes de países donde se permite el cambio de sexo, adoptar a niños rusos. Así pues, se impedirá adoptar a los ciudadanos de países que permiten el cambio de sexo a través de tratamiento médico, incluya o no una operación quirúrgica, o del cambio del género en los documentos de identidad, entre los cuales se encontraría el Estado español. La medida se enmarca dentro de las políticas conservadoras y restrictivas que el gobierno ruso hace meses que aplica al colectivo LGTBIQ+. El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, ha asegurado que "tenemos que proteger los pequeños que no pueden protegerse a sí mismos". En el momento que los parlamentarios rusos aprobaron la norma, señaló que "tiene como objetivo (...) excluir cualquier posibilidad de adopción de niños rusos por parte de representantes de las comunidades LGTBIQ+".

Endurecimiento de los requisitos

Volodomin ha ido todavía más allá y ha apuntado que "un extranjero que ha adoptado a un niño ruso puede, después de volver al territorio de su país, cambiar el sexo, pero lo peor es que puede cambiarlo también al niño adoptado". El presidente de la Duma rusa ha hecho referencia a hasta 12 países, entre los cuales figuran Italia y España, que en su momento lideraron el número de adopciones de niños rusos, pero también Alemania, Bélgica o Suiza, para permitir el cambio de sexo entre los menores de edad, una política que ha calificado de "funesta".

El pasado mes de septiembre, la vicepresidenta de la Duma, Anna Kuznetsova, reveló que las adopciones por parte de extranjeros habían cesado por completo después de adoptar a más de 100.000 menores rusos durante los 30 años anteriores. A partir del 2011, las autoridades rusas empezaron a endurecer los requisitos de adopción para los países que habían legalizado el matrimonio homosexual y a los cuales obligaron a firmar convenios bilaterales.

Prohibición de propaganda de una vida sin hijos

Vladímir Putin también ha impulsado una ley que prohíbe la difusión de ideas que promuevan una "vida sin hijos" por Internet, medios de comunicación, el cine o la publicidad. En virtud de esta ley, cualquier persona u organismo encontrado culpable de este delito se enfrentaría a una sanción administrativa de entre 200.000 y un millón de rublos (1.800 y 9.200 euros). Volodin ha matizado que la ley en ningún caso va dirigida contra la decisión de una mujer de no dar a luz, sino que va destinada a "proteger la nueva generación de tendencias destructivas". Según Volodin, hay que hacer todo el posible para garantizar que las nuevas generaciones de ciudadanos "crezcan centradas en los valores familiares tradicionales", de acuerdo con sus declaraciones, recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

Según los datos de la agencia DPA, la tasa de natalidad en Rusia cayó a niveles mínimos de los últimos 25 años en el primer semestre de 2024. La crisis demográfica se ha visto recientemente exacerbada por la guerra en Ucrania, que aparentemente ha llevado a muchas personas en Rusia a posponer sus planes de tener familias.