El presidente Donald Trump ha desatado una gran polémica al firmar un decreto que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos que está garantizada en la Constitución norteamericana. Este fue uno de la cincuentena de decretos que el nuevo presidente firmó nada más el cargo, el pasado 20 de enero, y que especialmente implican un cambio interno en la gestión de la inmigración. Esta medida pretende redefinir la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y ha de entrar en vigor el 19 de febrero, 30 días después de su firma. La guerra judicial no ha hecho más que empezar, porque la reacción a este decreto ha sido inmediata, y un total de 24 estados gobernados por los demócratas, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, además de grupos de defensa de las libertades civiles, han presentado una demanda para frenar esta orden para considerar que es anticonstitucional. El decreto de Trump quiere proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, cosa que implica que quiere redefinir la ciudadanía por derecho de nacimiento, que garantiza a todos los nacidos en los Estados Unidos obtener automáticamente la ciudadanía norteamericana.
¿Qué es el derecho de ciudadanía de la 14.ª Enmienda?
Conocida también por su nombre en latín, ius soli, la ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la 14.ª Enmienda de la Constitución, por la cual se concede automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en el país, incluso si sus padres no son ciudadanos norteamericanos. Según dice el texto constitucional, "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetos a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el cual residen". Este criterio ius soli es el más común en los países americanos, mientras que en Europa, incluida España, predomina el ius sanguinis (derecho de sangre), que concede la nacionalidad basada en la ascendencia o filiación, sin importar el lugar de nacimiento. La ius soli puede fomentar el "turismo de partos", mientras que la ius sanguinis tiende a limitar la adquisición de la nacionalidad por nacimiento de los inmigrantes.
¿Implica la orden ejecutiva de Trump?
El decreto firmado por Donald Trump excluye de la ciudadanía automática a niños y niñas nacidos en los Estados Unidos que sean hijos de madres en situación ilegal y cuando el padre no sea ciudadano estadounidense ni residente permanente legal. También excluye a madres con estatus legal temporal (turistas, estudiantes, trabajadores, etc.) y pares no ciudadanos o residentes permanentes legales. La medida, por lo tanto, afectaría a principalmente los inmigrantes y a sus hijos. Así, el Departamento de Estado no emitiría pasaportes a estos niños y la Administración de la Seguridad Social no los reconocería como ciudadanos. Eso implicaría una limitación de los derechos básicos de estos niños para acceder a servicios y derechos fundamentales que condicionarían su futuro, como la dificultad para trabajar legalmente en el país, la negación del derecho al voto, la imposibilidad de formar parte de jurados o restricciones para desarrollar ciertos trabajos.
¿Qué dice el decreto?
El texto del decreto publicado que Trump firmó el lunes recopilación que "la 14.ª Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos". Y añade, que: "la 14.ª Enmienda siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en los Estados Unidos, pero (que) no están sujetos a su jurisdicción". Este es el punto clave del decreto.
La interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución
La frase "sujetos a la jurisdicción" que se incluye en la 14.ª Enmienda es el objeto de debate e interpretación. En general, se refiere a las personas que están bajo la autoridad legal y el control el gobierno norteamericano. No obstante, existen algunas interpretaciones y matices importantes. Según la interpretación tradicional e histórica, esta frase se ha interpretado como incluye a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, con algunas excepciones específicas. Normalmente, se excluyen de esta jurisdicción a los hijos de diplomáticos extranjeros nacidos en los Estados Unidos, dado que estos no están completamente sujetos a las leyes del país. También afecta a las situaciones derivadas de una posible ocupación extranjera en territorio estadounidense.
La interpretación legal predominante sostiene que la frase se refiere a estar sujeto a las leyes de los Estados Unidos, lo cual incluiría en casi todos los nacidos en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. En cambio, en el debate actual que se ha abierto, los partidarios de una política migratoria más estricta argumentan que los hijos de inmigrantes indocumentados no tendrían que considerarse "sujetos a la jurisdicción" de los Estados Unidos, y por lo tanto no tendrían que recibir la ciudadanía automática.
La demanda y la estrategia de Trump
El debate, más allá de sí los hijos de inmigrantes ilegales están o no sujetos a la jurisdicción del país, también se centra en si el presidente tiene la autoridad para cambiar un derecho constitucional mediante un decreto, o si se requiere una enmienda constitucional aprobada por dos tercios del Congreso. "A pesar de los amplios poderes de un presidente para establecer la política de inmigración, la Orden de exclusión de la ciudadanía queda muy fuera de los límites legales de la autoridad del presidente", afirma una demanda de 23 estados, Washington DC, y San Francisco. Este caso puede convertirse en el primer gran enfrentamiento del Tribunal Supremo, que controlan los republicanos. Los estados demandantes se presentan a un tribunal federal de Massachusetts, lo que significa que cualquier apelación de una decisión de este tribunal se presentará a través del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los EE.UU., donde todos los jueces son designados demócratas. El proceso legal podría llevar años y enfrentará numerosos desafíos a los tribunales.
Los expertos legales son escépticos sobre la viabilidad constitucional de esta orden ejecutiva, por eso creen que la estrategia de Trump es crear duda sobre esta frase de la Enmienda 14 y con eso llevar el caso delante de la Corte Suprema, y de esta manera quiere que la Cortr decida y prescindir de los votos de tres cuartas partes de todos los estados.