Colombia lleva varios días de protestas que han recibido una respuesta brutalmente violenta por parte de la policía, que actúa contra los manifestantes que expresan toda su rabia en las calles de las grandes ciudades del país.
Lo que da pie a estas movilizaciones es la propuesta de una reforma tributaria por parte del gobierno de Iván Duque. Esta afectaría de forma más desgarradora que nunca a una ciudadanía debilitada por la crisis económica que la pandemia ha producido. Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, explicaba que con esta iniciativa fiscal se pretendía aumentar beneficios hasta los 6.000 millones de dólares para poder seguir promoviendo programas de asistencia social a las clases más bajas, sobre todo con el contexto actual. La reforma se justificaba con la necesidad de garantizar la persistencia del programa Ingreso Solidario, cuya intención es apoyar económicamente los hogares en condiciones de vulnerabilidad económica. Esta reforma, sin embargo, habría implicado paradójicamente el aumento de precios de los productos de primera necesidad, la gasolina, ampliado la base imponible del impuesto de la renta e incrementado el IVA de servicios como los funerarios y los de internet, lo cual habría sido un golpe duro para los ciudadanos.
Es por esta razón que los colombianos iniciaron las protestas que todavía duran hoy, rechazando la propuesta de reforma, que se suma a malestares anteriores. Son algunos los planteamientos de reformas sanitarias, la disconformidad social debida a los incumplimientos de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), los asesinatos de los líderes sociales, la corrupción y la gestión de la pandemia, que hay que recordar, ha convertido el país en el tercer país con más casos de Covid-19 de América del Sur.
Está en las ciudades principales del país donde perduran las protestas que se iniciaron el pasado 28 de abril. Bogotá, Cale, Pereira o Cartagena son solo algunos de los lugares donde las movilizaciones y disturbios están teniendo más afectación. Además, todo indica que el hecho de que ciudades como Cale sean el eje central de las protestas no es casualidad, dado que se trata de poblaciones con elevados niveles de desigualdad y pobreza, donde el hambre es el pan de cada día para muchos. Así pues, la sensación de no tener nada que perder lleva a situaciones de gran tensión en que los robos, los saqueos, el vandalismo y los ataques a entidades bancarias y a sedes de medios de comunicación son una realidad durante estas protestas. Así lo demuestran los recientes acontecimientos en la Comuna 20 de Cale, conocida como Siloé, donde el pasado 3 de mayo se sufrió una noche terrorífica y destructiva. En esta localidad, el año pasado más de 356.000 ciudadanos estaban por debajo de la línea de pobreza monetaria, a lo cual no hay que olvidar que este año se suma la pandemia.
El 2 de mayo, correspondiendo a la quinta jornada de protestas y huelgas laborales que bloquearon varios mecanismos de funcionamiento del país, el presidente Iván Duque decidió rectificar y decretó la eliminación de la reforma tributaria. El día siguiente, fue el ministro Carrasquilla quien optó por presentar su dimisión.
Pero las huelgas y movilizaciones no han cesado. La protesta de la población colombiana ya no estará a partir de ahora tan protagonizada por la intención de la reforma tributaria en sí. Tal como manifestaba al analista del Colombia Risk Analysis, Sergio Guzmán, "Eso empezó como algo sobre una reforma fiscal, pero ahora ya es sobre todo tipo de cosas. Se ha hecho una pelota y se ha convertido en una protesta mucho mayor, que pienso que el gobierno no tiene realmente la capacidad de evitar".
Los datos indican que el miércoles de esta semana, el octavo día de movilizaciones, ha habido al menos 20 muertos, 87 desaparecidos, 4 víctimas de abusos sexuales y violaciones conocidas, y más de 1.000 casos de abusos del poder policial, que también incluyen unas 700 detenciones arbitrarias y hacia 35 agresiones contra la prensa por parte de la policía, que parece que no deja de atacar y no disparar indiscriminadamente a la población.
El jefe de la división americana de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresa sus dudas sobre la capacidad de la policía colombiana de respetar los derechos humanos de la gente movilizada. Por lo tanto, -considera él- un debate para una reforma policial es improrrogable.
Este malestar no es algo que venga de nuevo, sino que ya hace años que perduran las protestas. Solo desde la elección del presidente Duque el año 2018 ya se ha dado varias movilizaciones, como la vaga universitaria del 2018. También al 2019 y al 2020 hubo por|para el descontento a raíz de las políticas de gobierno, así como manifestaciones por|para el asesinato de líderes sociales, como fue el de Javier Ordóñez el año pasado en manos de la policía, entre otros.
Tanto la Unión Europea como la ONU se han manifestado al respecto. La primera ha condenado la violencia de las fuerzas policiales colombianas y las Naciones Unidas han declarado que los defensores de los derechos humanos enviados han informado de haber sido amenazados. Asimismo, han pedido calma ante las nuevas protestas que parece que no ya no tienen freno.
También Anonymous, el misterioso grupo de hackers que aparece en momentos de crisis internacionales, han reaccionado hackeando las webs del Senado, de la Presidencia y del Ejército Nacional de Colombia, además de las comunicaciones de radio de la policía. También han revelado contraseñas de correo electrónico de miembros de las fuerzas armadas del país.