China quiere reforzar su control sobre Hong Kong y, para conseguirlo, estudia una reforma electoral para limitar el poder de los que aclaman por un sistema más democrático. Esta modificación de la legislación se estudiará en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CPPCC), un encuentro anual que reúne las máximas autoridades del país, que este año se celebrará del 5 al 11 de marzo.
Uno de los puntos claves para restringir los mecanismos democráticos de la ciudad semiautónoma será eliminar 117 lugares de consejeros de distrito en el comité de 1.200 miembros encargado de escogido al cabo del Ejecutivo de Hong Kong. Ahora bien, hay que recordar que este cargo siempre tiene que ser confirmado por Pekín.
Limitar la presencia de los opositores a los órganos de gobierno
En septiembre de 2019, y en el contexto de las protestas antigubernamentales, el bando prodemocrático de Hong Kong barrió en los comicios a consejeros de distrito, en los cuales se hizo con 388 de los 452 disponibles, lo que les permitía tener una amplia representación en estos 117 sitios reservados a la elección del máximo cargo de esta excolonia británica. Ahora, con la reforma electoral, se persigue limitar el acceso de la oposición a los órganos de poder.
Para el diario nacionalista Global Times se trata de llenar "vacíos legales" del sistema electoral de Hong Kong, como en el caso de la Comisión Electoral, de los miembros del cual apunta que "muchos de ellos no tienen formación legal" y no pueden adaptarse a la nueva principio anunciado ahora para el cual "sólo los patriotas gobiernan Hong Kong".
Xia Baolong, vicepresidente del Comité Nacional de la CPPCC y cabeza de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado, ha explicado al Global Times que se tiene que aplicar plenamente la línea de base política de los "patriotas que gobiernan Hong Kong" con la finalidad de mejorar el sistema electoral para llenar "los resquicios" que tienen que garantizar que los que gobiernan la ciudad cumplan los estándares básicos relevantes, incluida la salvaguardia llena de la soberanía, el interés nacional y nunca la pone en peligro del sistema socialista liderado por el Partido Comunista de China (PCC).
Esta reforma electoral es la segunda que aprueba China para incrementar su control sobre Hong Kong, después de que el año pasado aprobara la ley de seguridad nacional, que estipula penas de hasta cadena perpetua para los supuestos de subversión, terrorismo, secesión o confabulación con fuerzas extranjeras.
"Desde la promulgación de la ley de seguridad nacional de Hong Kong el año pasado hasta la reforma del sistema electoral de este año, el gobierno central ha estado jugando un papel vital en el ajuste y la reestructuración del orden constitucional de Hong Kong, con el fin de salvaguardar la prosperidad y la estabilidad de la ciudad de manera responsable", ha manifestado Tian Feilong, experto en asuntos de Hong Kong de la Universitat Beihang de Pekín, en el Global Times.
Paso atrás
Ahora bien, fuentes consultadas por EFE consideran que esta normativa "es un paso atrás" a la vez que es una violación de la misma Ley Básica. "El problema principal es que se supone que Hong Kong tiene que disfrutar de un alto grado de autonomía. Según la Ley Básica, los asuntos legislativos son cuestiones internas de Hong Kong, mientras que las elecciones en la jefatura ejecutiva competen al Estado", ha apuntado una fuente que ha preferido preservar su anonimato.
Por su parte, el diputado de Hong Kong pro-Pekín Paul Tse ve los cambios como "un retroceso en el proceso de democratización de Hong Kong" al mismo tiempo que son "un paso inevitable" después del periodo de turbulencia surgido de las protestas antigubernamentales iniciadas en el 2019. "Hong Kong solía ser una sociedad abierta, pero ahora es una sociedad con más preocupaciones", apostilla Tse.
La propuesta de reforma electoral se produce en un contexto de hostilidad contra la oposición de Hong Kong, ya que hoy la justicia de la ciudad semiautónoma ha denegado la libertad bajo fianza a 32 de los 47 políticos opositores y activistas acusados de subversión bajo la controvertida ley de seguridad nacional. En particular, se los acusa por la organización de unas primarias extraoficiales en julio del año pasado con la intención, según la fiscalía, de hacerse con la mayoría de los escaños de Parlamento local, vetar los presupuestos y forzar así la renuncia de la actual jefe del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam.