La Comisión Europea ha propuesto siete "terceros países seguros" donde los miembros de la Unión Europea (UE) podrán retornar a los solicitantes de asilo. Estos siete países son Bangladés, Colombia, Egipto, la India, Kosovo, Marruecos y Túnez. De esta manera, los solicitantes de asilo que lleguen a la UE desde uno de estos siete países verán rechazadas sus solicitudes, con una orden de retorno. Esta lista de países se enmarca en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, adoptado el año pasado, y la puesta en marcha del cual está prevista para mediados de 2026. Sin embargo, la presidenta de la institución europea, Ursula von der Leyen, confirmó que la intención es acelerar la implementación de algunos aspectos de la ley para dar apoyo a aquellos países que están "ansiosos por adelantar el trabajo". De hecho, algunos estados miembros ya cuentan con listas nacionales de países de origen considerados seguros. De otros estados como España, no.
Ahora esta lista tendrá que ser ahora discutida y votada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para que pueda ser adoptada formalmente. Además de los países propuestos por Bruselas, la lista también incluye todos los países candidatos a la adhesión de la UE, entre los cuales está Albania, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía. La lista, según ha detallado el ejecutivo, se revisará periódicamente. Esta lista "será dinámica" y podrá ser "expandida o revisada a lo largo del tiempo".
Según ha señalado este miércoles el portavoz de Asuntos Internos de la Comisión Europea, Markus Lammert, "la designación de un país como seguro no implica una garantía de seguridad para todos los nacionales de este". Según la legislación de la UE, los estados miembros están obligados a llevar a cabo evaluaciones individuales de cada solicitud de asilo en cada caso concreto. Eso se aplica independientemente de si la persona proviene o no de un país de origen seguro, y la propuesta actual "no modifica esta obligación, lo que permite es acelerar los procesos para aquellos que tengan solicitudes de asilo probablemente infundadas", ha añadido.
Agilizar las deportaciones
La propuesta de este reglamento tiene el objetivo de "acelerar y agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo, pero, en ningún caso, recortar derechos fundamentales ni derechos humanos". También sustituirá los diferentes procedimientos nacionales y se aplicará sobre todo a los que migren por motivos económicos y a los que tengan pocas posibilidades de obtener el estatuto de refugiado. El procedimiento durará máximo seis meses y se aplicará automáticamente cuando los solicitantes se consideren peligrosos para la seguridad nacional o hayan engañado las autoridades. También se aplicará cuando provengan de países con tasas de concesión de asilo inferiores al 20%.
Las nuevas normas prevén un control y registro de los migrantes que llegan a las fronteras comunitarias con el objetivo de identificarlos rápidamente y que estos ya no lleguen al procedimiento de asilo en caso de que se considere que las razones alegadas para conseguir protección son infundadas. También se harán pruebas sanitarias y de seguridad en los migrantes, así como impresiones dactilares y se registrarán en la base de datos Eurodac, la base de datos de la UE donde se recogen las huellas digitales para identificar migrantes irregulares o solicitantes de asilo.
Críticas de las organizaciones civiles
Una cincuentena de organizaciones de la sociedad civil ya expresaron su rechazo cuando el Parlamento Europeo anunció el Pacto Europeo de Migración y Asilo, argumentando que se trataba de un "retroceso en los derechos humanos". Estas ONG lamentaban que con el nuevo pacto se ve amenazado el "principio de no devolución" y pedían establecer "mejores reglas para compartir de manera justa la responsabilidad de las personas que llegan a Europa".