El asalto de los bolsonaristas se ha detenido, pero Brasil quiere asegurarse no tener más sustos. El Tribunal Supremo del país ha ordenado este lunes al ejército del país desmantelar todos los "campamentos bolsonaristas" que existen en territorio nacional en un plazo de 24 horas después de que este domingo centenares de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran las sedes del Congreso y el Supremo, además del palacio presidencial.
El magistrado Alexandre Moraes ha resaltado la importancia que estos campamentos —situados en territorio ajeno al ejército— sean completamente desmantelados a medida que la policía detenga a "todos a aquellos manifestantes que queden todavía en las calles" después de una jornada que acumula ya más de 300 detenidos. Moraes ha expresado que "nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin nada de respeto a la Constitución."
Moraes ha puesto de manifiesto que aparte de los comandantes de las fuerzas armadas, la policía y el ministerio de defensa serán llevados ante la justicia en caso de que los campamentos sigan existiendo. Además, ha detallado también que las principales autovías del país, principalmente ocupadas por seguidores de Bolsonaro, tienen que ser desbloqueadas a lo largo del día, según informaciones de la cadena de televisión G1.
El asalto a las citadas instituciones del Brasil se ha producido después de meses de acampada por parte de seguidores de Bolsonaro en la capital, Brasilia, después de que el expresidente perdiera las elecciones presidenciales de octubre ante Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro se lava las manos
El expresidente de extrema derecha brasileño Jair Bolsonaro se ha pronunciado sobre el intento de golpe de Estado que sus seguidores han perpetrado este domingo. Lejos de su habitual tono superlativo y beligerante, Bolsonaro se ha limitado a tuitear discretamente mostrando su rechazo al asalto de los tres poderes en Brasilia. "Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. A pesar de eso, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y en 2017, escapan a la regla", afirma en sus redes sociales.
La reacción de Lula da Silva
El presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha reaccionado al asalto de centenares de partidarios del expresidente brasileño a varias instituciones del Brasil y ha afirmado en un pronunciamiento en São Paulo que "los vándalos fascistas" "serán encontrados y castigados". "Lo pagarán con la fuerza de la ley", ha afirmado con contundencia Lula, que ha aseverado que este episodio "no tiene precedente en la historia del país". El presidente brasileño ha atribuido a la "incompetencia y la mala fe" de la policía del Distrito Federal — región donde se encuentra la capital, Brasilia—, la brecha en la seguridad que ha permitido que centenares de personas hayan podido invadir el Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio de Planalto, la sede del ejecutivo.
Como respuesta, Lula da Silva ha firmado un decreto a fin de que el gobierno federal intervenga la seguridad del distrito federal. El gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha ha anunciado la destitución del secretario de seguridad, Anderson Torres, afín a Bolsonaro, y ha ordenado la actuación de las fuerzas de seguridad. "He ordenado poner en la calle a todas las fuerzas de seguridad con la determinación de parar y castigar a los responsables", ha afirmado en un tuit. Ricardo García Cappelli ha sido designado como nuevo responsable de seguridad.