La pelota vuelve a estar en el tejado del gobierno británico. El Tribunal Supremo del Reino Unido ha decidido por unanimidad que el parlamento escocés no tiene competencias para convocar un segundo referéndum de autodeterminación de Escocia sin el visto bueno de Londres. Así, los cinco magistrados coinciden en el hecho de que el parlamento de Holyrood no puede sacar adelante una ley de referéndum porque esta interferiría en temas constitucionales para los cuales solamente Westminster tiene soberanía parlamentaria. Consideran que si bien el referéndum podría ser meramente consultivo, tal como argumentaba Escocia, "los efectos prácticos" de la votación podrían ser muy negativos para la democracia, porque "el resultado tendría autoridad" política aunque no se hiciera efectivo. En la lectura pública de la resolución, el tribunal ha asegurado que la decisión lo han tomado con celeridad no solo porque todos se hayan puesto de acuerdo, sino porque creían que era "de interés público" que resolvieran las incógnitas cuanto antes.
Hay que recordar que el gobierno escocés, liderado por la primera ministra, Nicola Sturgeon, pudo evitar elevar la cuestión en los tribunales en el referéndum del 2014 porque Edimburgo y Londres llegaron a un acuerdo político. Esta vez, sin embargo, y ante las reiteradas negativas de Downing Street a celebrar otro, Escocia ha decidido ir directamente y plantear una ley para el segundo referéndum sin tener claro si tienen las competencias para hacerlo sin el aval de Westminster. La reacción de la ciudadanía al veredicto la podremos saber esta tarde, para cuando están convocadas una quincena de manifestaciones por toda Escocia. La principal tendrá lugar ante el parlamento escocés, en Holyrood, donde esperan concentrar a 5.000 personas "en defensa de la democracia", mientras que también ha organizado muestras de apoyo en lugares emblemáticos de cinco ciudades europeas. Según los independentistas, es la respuesta del pueblo escocés el qué marcará el futuro del movimiento.
¿Qué tenía que decidir hoy el Tribunal Supremo?
La asesora jurídica del gobierno escocés (la 'Lord Advocate') elevó la ley que permitiría celebrar un segundo referéndum al Alto Tribunal después de expresar dudas que Holyrood tuviera competencias para hacerlo sin la aprobación de Westminster. El gobierno de Escocia defiende que pueden invocar una devolución de los poderes de Westminster en Holyrood ante la negativa de Londres pactarlo políticamente, un verdadero enigma jurídico que hasta ahora nunca había tenido una respuesta clara por parte de los tribunales. Por una parte, desde el gobierno escocés aseguran que Holyrood sí que tiene la competencia para convocar un referéndum, porque eso no significaría necesariamente que fuera vinculante. Así, probando enmascararlo como una consulta por conocer la opinión de la ciudadanía, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, pretendía celebrar la votación sin acabar de confirmar si haría efectivo el resultado en caso de que ganara el 'sí'. Por otra parte, el gobierno central argumentó durante la vista del caso que el Tribunal no podía posicionar sobre la mencionada ley de referéndum, porque el parlamento escocés ni siquiera lo había aprobado todavía.
El trasfondo de la cuestión era, por lo tanto, cuál es realmente la relación entre Escocia y el Reino Unido, y quién tiene la soberanía parlamentaria cuándo se tratan temas sobre la pertenencia a la Unión. Más concretamente, el Supremo tenía que dirigir en la resolución de hoy tres preguntas concretas: 1) Si la cuestión planteada por la Lord Advocate entra o no en el ámbito de la devolución (el tratado de autonomía); 2) si el Tribunal Supremo tuviera que posicionar sobre la cuestión y; 3) si la ley del referéndum interferiría en competencias reservadas para el Parlamento de Westminster según se estipula en el tratado de devolución escocés.
¿Qué se ha decidido?
En la resolución hecha pública este miércoles, los cinco magistrados del Alto Tribunal del Reino Unido han concluido que el parlamento de Holyrood no podría seguir adelante con esta ley porque implicaría legislar sobre temas constitucionales reservados a Westminster. El juez que ha leído la decisión ha dado la razón a la Lord Advocate escocesa en los dos primeros puntos planteados: que el Supremo se tenía que pronunciar sobre la cuestión incluso antes de que el parlamento escocés aprobara el proyecto de referéndum y que esta era una cuestión que afecta la constitución no-escrita del Reino Unido. En cuanto al tercer punto clave, no ha coincidido con el gobierno escocés, porque los "efectos prácticos" de la celebración de un referéndum, aunque sea meramente consultivo, podrían afectar la calidad democrática de la Unión, y el resultado de la consulta acabaría teniendo "autoridad política". Ante la incertidumbre que esta situación generaría en términos políticos y jurídicos, el Tribunal ha decidido prevenir antes de que curar y afirmar que la ley propuesta interferiría en competencias que el parlamento escocés no tiene, según el estipulado al tratado de devolución de 1998.
¿Y ahora, qué?
Según lo que ha ido diciendo en los últimos meses desde que anunció un referéndum octubre del 2023, el plan B de Nicola Sturgeon ante la negativa del Supremo es tratar las próximas elecciones generales del Reino Unido en el 2025 como un referéndum de facto. Con todo, parece que la primera ministra confía en el poder político para negociar con Londres un segundo referéndum, ya sea con la presión en que generaría una consulta no vinculante, o una campaña electoral centrada en hacer efectiva la independencia.