El presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el conservador John Roberts, le ha hecho un tirón de orejas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de sus ataques contra el juez federal que bloqueó la aplicación de una ley del XVIII, con la cual el mandatario ordenó expulsar a más 250 supuestos integrantes de la banda Tren de Aragua hacia El Salvador. Trump acusó al juez James Boasberg de ser un "lunático de la izquierda radical" y pidió que fuera destituido.

El magistrado del alto tribunal norteamericano ha dado un toque de atención al presidente, que recurre a menudo a amenazar con usar el impeachment contra los jueces contrarios a sus posiciones. "Durante más de dos siglos, se ha establecido que el proceso de destitución no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a un fallo judicial. El proceso normal de revisión en apelación existe para este propósito", ha asegurado Roberts en un comunicado. El movimiento de Roberts, que no suele emitir este tipo de comunicados, podría ser visto cómo una manera de frenar en Trump y en los suyos en sus peticiones de destituir a los jueces que se pronuncian en contra suya en un intento de seguir tirando los límites de la separación de poderes.

En el 2018, durante el primer mandato de Trump, el magistrado y el mandatario ya tuvieron una disputa después de que este último atacara a un juez que dictó en contra de su política de asilo. Además de las críticas a algunos jueces, los seguidores de Trump también han atacado a la magistrada del Supremo, Amy Coney Barrett, que fue nombrada por el republicano en el 2020, después de que esta votara al lado de Roberts y los jueces liberales en contra de una de las medidas de la administración Trump para congelar fondos para ayuda internacional.

El toma y daca entre Trump y el juez federal por las deportaciones

Todo este episodio empezó este sábado después de que el presidente estadounidense invocara la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo utilizada hasta ahora en tiempo de guerra, argumentando que los EE.UU. estaba sufriendo una "invasión" de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas.

Trump, había firmado este decreto en secreto el viernes, lo hizo público el sábado. Esta norma diseñada para ser invocada si los EE.UU. entran en guerra o si una nación los invade o amenaza con hacerlo. Esta permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, de acuerdo con esta ley, todos a los venezolanos más mayores de 14 años que se considere que pertenecen a esta banda, se encuentren en los EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros. En las dos guerras mundiales, se aplicó esta ley para justificar la detención y expulsión de migrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses.

Antes de su invocación, el juez Boasberg ya había prohibido preventivamente la aplicación contra la deportación de cinco venezolanos, y poco después amplió su veto con el fin de cubrir todos los no ciudadanos bajo custodia de los Estados Unidos que estarían sujetos a esta normativa. El magistrado detalló en su orden, en vigor durante catorce días o hasta otro aviso, que cualquier avión con estas personas a bordo, que tuviera que despegar o que ya estuviera en el aire, tenía que volver a los Estados Unidos, hecho que no se ha producido en este caso. Mientras el juez Boasberg estudiaba la legalidad, el presidente estadounidense ya ordenó que se elevaran dos vuelos desde Texas destino El Salvador, según confirmó una investigación de The Washington Post. Aunque Boasberg ordenó, verbalmente y por escrito, que los aviones volvieran a los EE.UU. hasta que se resolviera el litigio, diez minutos después del orden, todavía salió un tercer vuelo hacia el país centroamericano.

Quien ha recibido a los venezolanos expulsados ha sido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelarlos, ha confirmado el internamiento de 238 de ellos en una prisión de máxima seguridad del país. En este contexto, las últimas semanas, el líder salvadoreño había solicitado el envío de "dos peligrosos líderes" de la banda|lado centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13) y 21 de sus integrantes más buscados para que comparezcan ante la justicia a su país", una condición que la cabeza de la diplomacia estadounidense ha afirmado que se ha cumplido.