Aumenta la tensión en Ecuador después de la disolución del Parlamento. El presidente del país, Guillermo Lasso, ha firmado este miércoles un decreto que fuerza la convocatoria de elecciones, evitando así una moción de censura que le habría podido hacer abandonar el cargo. Una acción que desde los partidos de la oposición han criticado y han calificado de "inconstitucional". El expresidente Rafael Correa (2007-2017) ha sido de los primeros a reaccionar a la decisión y ha afirmado que aplicar la 'muerte cruzada', la fórmula que ha utilizado Lasso para disolver la cámara, es "ilegal". "Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente, no hay ninguna 'conmoción interna'. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse", ha apuntado a través de las redes sociales.

"Es obvio que no hay ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución", ha insistido el expresidente de Ecuador. Sin embargo, Rafael Correa ha asegurado que la convocatoria de elecciones generales es "en todo caso, la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria".

Más tarde, el movimiento que lidera el expresidente Correa, Revolución Ciudadana (RC), también ha cargado contra la decisión de Lasso. "El decreto emitido esta mañana por el presidente Guillermo Lasso es ilegal", ya que no se registra en el país "ni conmoción interna ni una grave crisis política", ha afirmado Marcela Holguín, jefa del grupo parlamentario de Unión para la Esperanza (UNES, que acompaña RC). Según Holguín, el decreto del mandatario busca supuestamente evitar la votación final de la Cámara sobre el juicio político que —según ella— se perfilaba hacia la destitución del gobernante. En esta línea, la legisladora de UNES ha defendido que la "muerte cruzada" es una medida extrema de un presidente que "se aferra al poder" y se niega a "irse a casa" para "permitir que Ecuador resurja".

El Partido Social Cristiano (PSC) también se ha opuesto a la disolución del Parlamento y ha anunciado que presentará una demanda de inconstitucionalidad al decreto de Lasso. En un comunicado, la formación coincide con Holguín y apunta que no hay ninguna causa justificada para aplicar la 'muerte cruzada'. "Procediremos a presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad con mesura cautelar de suspensión del Decreto Ejecutivo 741 del 17 de mayo de 2023", informa el escrito.

El juicio político contra el presidente de Ecuador

El presidente de Ecuador ha disuelto el Parlamento en medio de un juicio político promovido por un grupo de la oposición, en el cual hay fuerzas como Unión para la Esperanza y el Partido Social Cristiano, pero también miembros del movimiento indígena Pachakutik, de Izquierda Democrática (ID) y otros legisladores independientes. Este proceso en contra del mandatario ecuatoriano empezó en el peor momento del mandato de Lasso, justo después de que perdiera un referéndum para reformar la Constitución. La oposición le acusa de una presunta malversación de fondos públicos por no rescindir unos contratos de transporte marítimo de petróleo que tenían unas condiciones supuestamente perjudiciales para el Estado. Según el presidente, estos contratos fueron firmados por el anterior gobierno y, durante su mandato, se han hecho cambios para mejorarlos.