El estado de Texas (EE.UU.) ha desoído las presiones diplomáticas de México, la ONU y la CIDH y ha ejecutado esta noche a Rubén Ramírez Cárdenas, un reo mexicano que fue condenado a muerte por secuestrar, violar y asesinar a su prima adolescente el año 1997.

Ramírez Cárdenas, nacido en Guanajuato (México) hace 47 años, ha sido declarado muerto en las 22.26 hora local (04.26 del jueves GMT) después de recibir una inyección letal en la prisión meridional de Huntsville, según ha notificado el Departamento de Justicia Criminal de Tejas.

Aunque el reo confesó el crimen en el momento de su detención en 1997, siempre mantuvo que lo hizo bajo coacción durante los 11 días que estuvo sin que se le asignara un abogado y defendió su inocencia hasta el final. "No puedo ni quiero disculparme por un crimen que cometió otro, pero volveré a por justicia. Podéis contar con eso" han sido las últimas palabras del mexicano antes de recibir la inyección letal.

Un juzgado consideró probado el crimen

Ramírez Cárdenas fue condenado a muerte en 1998 por el crimen de su prima cometido el 22 de febrero del año anterior en McAllen, una ciudad del sur de Tejas fronteriza con la localidad mexicana Reynosa.

Un juzgado consideró probado que entre él y su cómplice, Tony Castillo, entraron en la casa de Laguna por la ventana de la habitación de la víctima, se la llevaron, la violaron y la estrangularon hasta matarla. Los dos hombres, detenidos los días posteriores al crimen, condujeron a los investigadores hasta el cuerpo en Laguna, el cual habían abandonado en un canal de la localidad de Edinburg, vecina de McAllen.

La defensa del ejecutado ha pedido hasta el último momento que se realizaran nuevas pruebas de ADN a las uñas de la víctima para probar la inocencia alegada, pero los tribunales estadounidenses han considerado la petición como una maniobra dilatoria con la cual, además, el mexicano no podía quedar exculpado de un crimen que confesó.

Texas hace caso omiso de la presión internacional

Ramírez Cárdenas fue uno de los 51 mexicanos condenados a muerte a los Estados Unidos los casos de los cuales la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó reconsiderar el año 2004, en una sentencia conocida como "Fallo Avena". En esta sentencia se criticaba que estos presos habían sufrido una violación de su derecho a solicitar asistencia legal a su país después de haber sido detenidos, derecho que recoge la Convención de Viena.

Por este motivo, el gobierno de México intentó persuadir a Texas de que conmutara la pena capital de Cárdenas, alegando que en su caso no se ha seguido "el debido proceso legal", pero el estado meridional ha procedido con la ejecución, como ya hizo con las de otros cuatro mexicanos afectados por el "Fallo Avena" desde el 2008. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha trasladado sus condolencias a la familia del reo y ha condenado "firmamento" su ejecución.

Expertos independientes en Derechos Humanos de las Naciones Unidas habían pedido al gobierno de los Estados Unidos que suspendiera la ejecución "por miedo" a que Cárdenas "no recibió un juicio justo". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, también pidió en Washington "una reparación efectiva" para el reo que incluyera "la revisión de su juicio conforme a las garantías del debido proceso y de un juicio justo".

No obstante, Texas ha desoído todas las presiones y ha procedido con la ejecución, después de que todo tipo de tribunales estatales y federales hayan rechazado uno detrás del otro los recursos de defensa del reo.

Esta ejecución, sin embargo, ha sido celebrada por la hermana de la víctima, que ha declarado "Las palabras no pueden describir el alivio que se siente de saber que hay paz verdadera después de tanta pena y dolor".

Más de un centenar de presos extranjeros condenados a muerte en los Estados Unidos

Según datos del observatorio Death Penalty Information Center (DPIC), en los Estados Unidos hay 135 extranjeros de 35 nacionalidades condenados a muerte, la mayoría son mexicanos (54), cubanos (9), vietnamitas (9), salvadoreños (8) y hondureños (5).

Con Ramírez Cárdenas, en los Estados Unidos se han ejecutado 33 extranjeros desde que el Tribunal Supremo restaurara la pena de muerte hace cuatro décadas, once de ellos mexicanos y cinco cubanos.