Multa a Hungría por boicotear la política de asilo de la UE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto una multa de 200 millones de euros y un millón al día por cada día que siga saltándose la normativa de asilo y retorno de extranjeros. En una sentencia, el alto tribunal acusa al gobierno de Viktor Orbán de ignorar "deliberadamente la condena del TJUE" para obstaculizar el acceso de los solicitantes de asilo de protección internacional y de expulsar migrantes de forma irregular de territorio húngaro. Según el TJUE, la actitud de Budapest supone una "amenaza importante" para los derechos de estas personas y vulnera "gravemente el principio de solidaridad y de reparto equitativo" de la responsabilidad entre los estados miembros con respecto a los refugiados y migrantes.
Batalla judicial en Europa
En diciembre de 2020, la Comisión Europea ganó una primera gran batalla en los tribunales de Luxemburgo e invalidó gran parte de la política de asilo y migración de Viktor Orbán en Hungría. La Comisión Europea presentó un recurso por incumplimiento contra gran parte de su normativa en materia de derecho de asilo y retorno de migrantes en "situación irregular", en particular por el internamiento de personas en las zonas de tráfico. En su sentencia, el TJUE defendía que los estados de la UE tienen que garantizar que aquellos que atraviesan la frontera puedan aplicar para obtener la protección internacional, si así lo piden, y en Hungría las zonas de tráfico lo hacen imposible. Los jueces también recriminaron al gobierno húngaro que expulse de forma colectiva demandantes de asilo sin esperar que puedan recurrir una primera denegación de la solicitud de protección internacional. Así pues, recuerdan que las personas tienen derecho a quedarse en la UE hasta que se resuelva en última instancia su petición.
Sin embargo, Hungría mantiene el pulso con la normativa europea. Ante el aumento de llegadas de refugiados e inmigrantes en 2015, el gobierno de Hungría creó unas zonas de tráfico en la frontera con Serbia para gestionar las peticiones de asilo y los retornos. Las solicitudes de protección internacional solo se podían hacer en estas zonas donde las autoridades limitaban mucho la entrada de personas. Además, Hungría también limitó la acogida en situaciones de "crisis provocada por una inmigración masiva" según defendieron, para "mantener el orden público y la seguridad del país". La normativa de Orbán también permite expulsar a los inmigrantes presuntamente en "situación irregular". La Comisión Europea llevó a Hungría a los tribunales de la UE al considerar que estas medidas vulneran la legislación europea al limitar el acceso al asilo y no respetar las garantías para los retornos. Aunque Hungría cerró las polémicas zonas de tráfico, el TJUE considera que no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir el derecho europeo sobre el acceso al procedimiento de protección internacional y sobre el derecho de estos solicitantes a quedarse en el país a la espera de una resolución definitiva.