Un tribunal de Seúl ha aprobado este martes una orden de detención contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, por haber impuesto la ley marcial el pasado 3 de diciembre. El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl ha aprobado la petición que presentó este lunes la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CÍO), la Policía y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa contra Yoon con cargos de insurrección y abuso de poder, después de que este ignorara las tres citaciones para comparecer sobre el polémico decreto de la ley marcial. El organismo ha aprobado además una orden de registro de la residencia presidencial en Yongsan en la capital surcoreana, según ha confirmado la agencia de noticias estatal Yonhap. Con esta decisión, el tribunal ha impugnado las declaraciones de Yoon y su defensa sobre una supuesta falta de jurisdicción del CÍO para investigar la insurrección, por lo cual alegaban que la solicitud de la orden de detención era ilegal. El Tribunal de Seúl también ha rechazado el argumento del mandatario para ausentarse de los interrogatorios, aduciendo falta de seguridad personal como presidente. De hecho, poco después de hacerse pública la orden de arresto contra Yoon, el Servicio de Seguridad Presidencial ha anunciado que tomará medidas para manejar la orden de acuerdo con el proceso legal.
Anulación de la orden de arresto
Los abogados del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, que fue destituido el 14 de diciembre por la Asamblea Nacional, han anunciado que pedirán una orden judicial para anular la orden de detención temporal emitida contra el mandatario para interrogarlo con respecto a su declaración de la ley marcial a principios de mes. Uno de los letrados de Yoon, Yun Gap-geun, ha afirmado que las órdenes de arresto y registro de la oficina y la residencia presidencial emitidas hoy son "ilegales e inválidas" porque los solicitantes —el equipo formado por la oficina anticorrupción, la policía y el Ministerio de Defensa— no tienen potestad para investigar los cargos de insurrección de los cuales se acusa Yoon. Yun también ha indicado que el equipo de asesores legales del Yoon pedirá al Tribunal Constitucional que revise la constitucionalidad del orden emitida.
Técnicamente, la ley surcoreana establece que solo la Fiscalía puede investigar un delito de insurrección, que en el país asiático implica la cadena perpetua o la pena capital (sobre la cual existe una moratoria desde 1997) para aquellos en el cual se considera líderes de una revuelta de este tipo. Después de obtener la orden judicial, el equipo de investigación cuenta ahora con 48 horas para mantener detenido en Yoon para interrogarlo. En cualquier caso, persiste la incertidumbre sobre si se podrá ejecutar el orden, que tiene una semana de validez, ya que el Servicio de Seguridad Presidencial ha impedido que los investigadores entren tanto en el complejo de la oficina presidencial como la residencia oficial de Yoon para realizar registros aprobados por tribunales.
La orden emitida supone la primera vez a la historia democrática del país asiático en qué un presidente, todavía en el cargo, se enfrenta a la posibilidad de ser detenido.