El Tribunal Supremo de Estados Unidos avala, si bien dividido, las deportaciones sumarias de venezolanos por parte del gobierno de Donald Trump haciendo uso de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que hasta ahora solo se había usado en tiempos de guerra. De esta manera, el alto tribunal estadounidense ha derogado este lunes la orden del juez federal James Boasberg que bloqueaba las deportaciones desde el pasado 15 de marzo. No obstante, el Supremo añade un matiz: señala que los detenidos y sujetos a órdenes de expulsión tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de impugnar su deportación con "un tiempo razonable".
La Administración de Donald Trump había presentado un recurso de emergencia al máximo tribunal estadounidense una vez se encontró la oposición judicial de un tribunal federal. El Gobierno de EE.UU. argumentaba en su recurso que esta es una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia. En su escrito, el gobierno de Trump también señalaba que la Constitución deja claro que la competencia sobre seguridad nacional recae de manera indudable sobre el presidente y pedía levantar el bloqueo judicial.
Cabe destacar que el Tribunal Supremo estadounidense, con cargos vitalícios, cuenta con mayoría conservadora, a la que contribuyó Trump con nombramientos afines durante su primer mandato. De hecho, el alto tribunal estadounidense ha votado dividido: cinco votos a favor, de cinco magistrados hombres y conservadores, y cuatro en contra, de las cuatro magistradas, una de ellas conservadora y tres progresistas. Además de avalar las deportaciones, el Supremo ha aprobado señalar que los migrantes detenidos están por ahora confinados en Texas, por lo que la batalla legal contra su deportación se tiene que resolver en este estado habitualmente conservador del sur y no en un tribunal del Distrito de Columbia.
Trump ha asegurado que la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el Gobierno de Nicolás Maduro, está invadiendo el país. Por ello, invocó el 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 no usada desde la Segunda Guerra Mundial, que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa. Ese mismo día, pese a la orden judicial de Boasberg, tres aviones fletados por el Gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a unos 200 venezolanos que fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad, con la colaboración del presidente de El Salvador, el derechista Nayib Bukele.
Trump: "Un gran día"
Después de la decisión judicial, Trump ha salido a celebrarlo y ha afirmado que se trata de "un gran día para la justicia". "El Supremo ha defendido el Estado de derecho en nuestro país al permitir que un presidente, sea quien sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger nuestras familias y en nuestro país", ha dicho en una publicación en su red social, Truth Social. Por su parte, la fiscal general de los Estados Unidos, la trumpista Pam Bondi, ha celebrado que el Supremo se haya puesto "junto a la Administración Trump". "La decisión de esta noche es una victoria histórica", ha valorado Bondi, que ha aseverado que seguirá "luchando a los tribunales para que los Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro". "Un juez activista a Washington no tiene jurisdicción para arrebatarle al presidente la autoridad para dirigir la política exterior", ha concluido.