La administración Trump ha empezado a clasificar miles de inmigrantes, principalmente de origen latino, como “muertos” en los registros oficiales de los Estados Unidos, con el objetivo de fomentar su “autodeportación”. Esta estrategia, revelada por el New York Times, implica incluir a estas personas en el “Death Master File” de la Administración de la Seguridad Social (SSA), una base de datos reservada habitualmente para personas realmente difuntas.

Esta acción tiene consecuencias inmediatas: al ser considerados muertos por el sistema, se les anula el número de la Seguridad Social, cosa que impide acceder a servicios como Medicaid, Medicare, prestaciones de desempleo o préstamos federales. Según fuentes oficiales citadas por el mismo medio, el objetivo es reducir el número de inmigrantes en el país mediante presión económica y administrativa, con la esperanza de que se marchen por propia voluntad.

Quiénes son los afectados y cuáles las consecuencias

El programa ha afectado a más de 6.300 personas, según confirmó también la agencia Associated Press, que ha tenido acceso a documentos internos del gobierno. La mayoría de las personas afectadas son de origen latino, y se cree que algunas podrían tener residencia legal o estar en proceso de regularización. Además, la administración está considerando implementar multas de hasta 998 dólares por día para aquellos que incumplan órdenes de deportación, así como la incautación de sus activos, según información publicada por Reuters.

Estas medidas se enmarcan en una estrategia más amplia desarrollada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado actualmente por Elon Musk. DOGE intentó acceder masivamente a los datos de la SSA para identificar inmigrantes en situación irregular, pero un juez federal bloqueó esta acción. Según un informe de la CNN, el tribunal lo calificó de “expedición de pesca” y ordenó la eliminación inmediata de cualquier dato obtenido.

Varias organizaciones de derechos civiles y grupos legales, como la ACLU, han criticado duramente la medida, alertando de que vulnera los derechos fundamentales de personas que podrían estar legalmente establecidas en el país. Algunos afectados han descubierto que han perdido el acceso a servicios básicos y que constan como difuntos solo cuando reciben el rechazo de trámites administrativos o bancarios.

Estas revelaciones han provocado una nueva ola de críticas contra la administración, especialmente desde el Partido Demócrata y organizaciones de ayuda a los inmigrantes. Sin embargo, fuentes del gobierno siguen defendiendo la estrategia como una herramienta para preservar recursos públicos y reforzar el control migratorio.