El expresidente de Estados Unidos Donald Trump tendrá que pagar una multa de 355 millones de dólares —casi 330 millones de euros— por varios casos de fraude en su empresa familiar, la Organización Trump, según ha sentenciado este viernes un tribunal en el estado de Nueva York. El juez Arthur Engoron, además, ha prohibido al magnate ocupar cargos en cualquier empresa con sede en el estado ni solicitar préstamos durante un periodo de tres años. Se espera que Trump recurra la decisión, pero por el momento no se ha pronunciado.
La multa se divide en varios cargos a Trump y a sus empresas, a sus dos hijos mayores y a un antiguo ejecutivo de la compañía, todos ellos acusados por la Fiscalía de inflar cifras de activos para lograr ventajas con aseguradoras y bancos. Engoron ya los había considerado a todos ellos responsables de fraude en una decisión sumaria, antes de que comenzara el juicio civil. "Su completa falta de arrepentimiento y remordimiento raya en lo patológico", llegó a escribir el magistrado en su decisión. Donald Trump Jr. y Eric Trump, tendrán que pagar cuatro millones de dólares —3,7 millones de euros— por ser responsables de una serie de cargos de fraude civil, entre ellos la emisión de estados financieros irregulares o la falsificación de registros comerciales. Ninguno de los dos podrá ocupar cargos como funcionarios o directores de empresas durante dos años. De la misma forma, el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, tendrá que abonar un millón de dólares —unos 928.000 euros.
Si bien el juez ha inhabilitado al exmandatario, no ha disuelto la Organización Trump, que infló su patrimonio neto personal en 3.600 millones de dólares —unos 3.300 millones de euros— entre 2011 y 2021, según la Fiscalía. Sin embargo, ha nombrado a un cargo independiente para vigilar los resultados financieros de la empresa, según ha recogido la cadena CNN.
Tras el veredicto, la abogada del magnate, Alina Habba, ha subrayado en un comunicado que apelarán la decisión ante una "manifiesta injusticia" y ha defendido que se trata de una "caza de brujas" que empezó "mucho antes" de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, "pusiera un pie" en su oficina. James solicitó tanto a Trump como a su empresa abonar un total de 370 millones de dólares por "enriquecimiento ilegal" y por inflar el valor de sus bienes en documentos financieros durante más de una década. El origen del caso se remonta a 2019, cuando el antiguo abogado de la empresa, Michael Cohen —quien fue además el encargado de realizar los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels— planteó preguntas sobre su estado financiero ante el Congreso.