El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció este domingo la deportación de casi 250 personas a El Salvador, amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, del siglo XVIII. El gobierno de Trump considera que estas personas son integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y para acelerar su expulsión ha decidido aplicar esta ley. Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelarlos y ha confirmado el internamiento de 238 venezolanos en una prisión de máxima seguridad del país centroamericano. En este contexto, en las últimas semanas, el líder salvadoreño había solicitado el envío de "dos peligrosos líderes" de la banda centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13) y "21 de sus integrantes más buscados para que comparezcan ante la justicia en su país", una condición que el jefe de la diplomacia estadounidense ha afirmado que se ha cumplido.

A cambio de estas entregas, Rubio ha detallado en su cuenta de X que Bukele se ha ofrecido a mantener a los deportados en sus prisiones. Una decisión que, según defiende, "ahorrará dinero a los contribuyentes del país norteamericano". "Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos", ha añadido.

Bloqueo judicial

El juez federal de distrito James E. Boasberg, de Washington, ordenó este sábado el bloqueo temporal de esta ley, que se remonta a 1798, y que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para poder expulsar a miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, sin necesidad de intervención de una autoridad judicial. Antes de su invocación, Boasberg había prohibido preventivamente su aplicación contra la deportación de cinco venezolanos, y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a esta normativa. El magistrado detalló en su orden, en vigor durante 14 días o hasta otro aviso, que todo avión con estas personas a bordo, que fuera a elevarse o que estuviera en el aire, tenía que volver a Estados Unidos, hecho que no se ha producido en este caso.

Se trata de un dictamen diseñado para ser invocado si EE.UU. entra en guerra o si una nación le invade o amenaza con hacerlo. Permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, bajo esta ley, todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenecen a esta banda, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros. En las dos guerras mundiales, se aplicó esta ley para justificar la detención y expulsión de migrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses.

Según publica el periódico digital estadounidense Axios, los asesores de Trump sostienen que el juez federal James Boasberg se ha extralimitado en su autoridad al emitir esta orden. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha señalado en un comunicado que el Tren de Aragua había sido declarado por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero en febrero. "Es una de las bandas terroristas más violentas y despiadadas del planeta. Violan, mutilan y asesinan por deporte. Es responsable de algunos de los crímenes más atroces ocurridos en suelo estadounidense en los últimos años", ha dicho.

Venezuela rechaza las exportaciones

El gobierno de Venezuela ha criticado la decisión de Trump y considera que "criminaliza, de manera infame e injusta" a los migrantes venezolanos. En un comunicado, el gobierno venezolano ha expresado su contundente rechazo al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, a la que califica de "ley anacrónica, violadora de los derechos humanos e ilegal." El ejecutivo de Nicolás Maduro considera que esta decisión "evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad" y denuncia una "persecución" sobre los venezolanos en Estados Unidos. "Nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas".