El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que muy pronto firmará una orden ejecutiva para instruir al Pentágono que habilite 30.000 camas en la base de Guantánamo para encerrar a migrantes irregulares mientras se organizan sus vuelos de repatriación. El centro de detención ubicado en Cuba es una cárcel militar de alta seguridad que las autoridades estadounidenses han utilizado desde 2002 para encarcelar a detenidos acusados de terrorismo, la mayoría arrestados en Afganistán durante la invasión de dicho país. Ahora, la instalación también servirá para retener a los inmigrantes en el punto de mira del magnate republicano.

La decisión del mandatario está siendo muy criticada porque puede interpretarse como que iguala a migrantes con terroristas, ya que el centro se inauguró para encarcelar a estos últimos tras los atentados del 11-S. Trump ha dicho en una conferencia de prensa que las celdas servirán para "detener a los peores inmigrantes criminales que amenazan a los ciudadanos de Estados Unidos". "Algunos son tan malos que no confiamos en que sus países los retengan, porque no los queremos de vuelta", ha destacado.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha explicado en una entrevista a Fox News que la mayoría de los migrantes retenidos serán venezolanos y cubanos. Además, todo apunta a que los afectados ingresarán en un área separada a la de los terroristas, en una especie de limbo legal. La funcionaria también ha expuesto que la decisión final estaba en manos del presidente, quien acaba de dar luz verde a "un recurso para mantener a Estados Unidos seguros". Por otra parte, Trump ha asegurado en varias ocasiones desde su regreso al Despacho Oval que algunos países latinoamericanos han abierto sus cárceles y centros de enfermos mentales para enviarlos a todos al país que preside.

El anuncio de Trump se produjo durante la promulgación de la ley Laken Riley sobre deportaciones de extranjeros sospechosos de delitos, la primera de la nueva administración de la Casa Blanca. El mandatario ha descrito esta medida como una "ley histórica" ​​y un "enorme homenaje" a la estudiante de enfermería asesinada en el estado de Georgia el 22 de febrero de 2024, de quien toma el nombre la medida. La ley estipula que las personas que vivan en Estados Unidos de forma ilegal que sean acusadas de robo o crímenes violentos serán detenidas y potencialmente deportadas incluso antes de emitirse su condena.