El gobierno de los Estados Unidos ha elevado al Tribunal Supremo el caso sobre la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para poder deportar venezolanos sin el debido proceso. El presidente Donald Trump se ha saltado una posible resolución de tribunales inferiores y ha acudido al máximo órgano judicial del país, desde donde un juez prohibió de manera cautelar el uso de esta norma, justo después de que la administración republicana expulsara a una prisión de El Salvador más de 200 migrantes por presuntamente ser integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
El gabinete de Trump ha presentado una solicitud de emergencia al Tribunal Supremo después de la decisión de una corte federal de apelaciones, la cual mantuvo en vigor el bloqueo temporal al uso de la ley del siglo XVIII. Igual que en otros casos como la anexión de Groenlandia, la Casa Blanca ha argumentado que se trata de una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente para resolver en los tribunales de menor instancia.
El juez que paró los pies a Trump con la prohibición del uso de la ley de 1789, James Boasberg, ha sido víctima de una campaña de acoso impulsada por varios congresistas republicanos. Tanto es así que el magnate Elon Musk ha ofrecido la financiación de sus campañas electorales a los representantes federales que pidan el despido del magistrado. El presidente norteamericano, que también ha reclamado el cese de Boasberg, acusa a "los jueces de la izquierda radical" de entorpecer la tarea del actual gabinete de la Casa Blanca. Desde el ámbito judicial se ha instado a Trump, por activa y por pasiva, a cogerse a los procesos habituales como presentar un recurso de apelación.
El escrito de la administración Trump señala que la Constitución recoge que la competencia sobre seguridad nacional recae de manera inequívoca sobre el presidente y pide levantar el bloqueo judicial. Para Trump se trata de un tema de seguridad nacional porque asegura que el Tren de Aragua está invadiendo los Estados Unidos, motivo por el cual invocó la ley de Enemigos Extranjeros, cosa que no se hacía desde la Segunda Guerra Mundial.
A pesar de la orden de Boasberg, Trump hizo oídos sordos e hizo despegar tres aviones desde Tejas con unos 200 venezolanos dentro para enviarlos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad. La petición de este viernes ha sido el último episodio del caso que subraya el pulso entre los poderes ejecutivo y judicial y pone en duda la separación de poderes en los Estados Unidos.