El pasado mes de abril, los estudiantes de varias universidades de los Estados Unidos (EE.UU.) se organizaron para protestar contra los constantes bombardeos de Israel a la Franja de Gaza, así como contra el apoyo militar del gobierno de Joe Biden al estado israelí. Las protestas acabaron evolucionando con grandes movilizaciones y miles de detenidos. Sin embargo, las acampadas en las universidades han acabado desapareciendo y el movimiento propalestino en los EE.UU. se ha encaminado hacia otro tipo de protestas. Si bien parecía que estos incidentes quedaban en el pasado reciente de los estadounidenses, el presidente Donald Trump pone el foco. El republicano ha firmado una orden ejecutiva para identificar a los estudiantes extranjeros y el profesorado que participaron en las protestas universitarias propalestinas con el fin de deportarlos.

Los primeros días del segundo mandato del magnate están siendo marcados por las duras órdenes ejecutivas que ha aprobado, de las cuales no todas se podrán cumplir. Entre esta larga lista de nuevas medidas presidenciales se incluye la persecución de los manifestantes en aquellas protestas estudiantiles propalestinas. La orden ejecutiva instruye los secretarios de Estado, Educación y Seguridad Nacional en solicitar a las universidades norteamericanas que vigilen e informen sobre actividades de estudiantes y profesores extranjeros que puedan ser consideradas antisemitas o propalestinas, con el fin de tomar medidas de acuerdo con la ley y, si procede, actuar para expulsarlos del país.

En el texto, Trump subraya que decidió firmar esta orden ejecutiva sobre antisemitismo después de volver a la Casa Blanca el 20 de enero, al constatar que "los estudiantes judíos, en particular, enfrentaron acoso antisemita en escuelas y campus universitarios". La Administración Trump sostiene que los manifestantes propalestinos cometieron actos antisemitas.

Preocupaciones por la libertad de expresión

El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidense (CAIR), una de las principales organizaciones del país en defensa de los derechos de los musulmanes, ha denunciado que esta orden puede vulnerar el derecho a la libertad de expresión y ha adelantado que si se implementa esta orden ejecutiva la impugnarán en los tribunales.