El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializa sus amenazas y ya ha firmado este jueves la orden ejecutiva para sancionar el Tribunal Penal Internacional (TPI). El mandatario republicano alega que la corte de justicia con sede en La Haya "ha abusado de su poder" al emprender "acciones ilegítimas e infundadas" contra los Estados Unidos y su "estrecho aliado" Israel, según reza el texto que ha publicado la Casa Blanca. De esta manera, Trump da un paso más en su apoyo incondicional a Israel y se alinea con el estado hebreo ante las investigaciones del Tribunal Penal por los crímenes de guerra y contra la humanidad que ha cometido el Ejército israelí en Gaza y ante la orden internacional de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Galant, como últimos responsables.
Para Trump, las recientes acciones del TPI "sientan un precedente peligroso, poniendo en riesgo directamente al personal actual y anterior de los Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto". Esta "conducta maligna", según su opinión,"amenaza con infringir la soberanía de los Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense" y de sus aliados. El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esta organización.
Para Trump, cualquier esfuerzo del TPI para investigar, arrestar o procesar a personas protegidas "constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos", razón por la cual afirma declarar "una emergencia nacional para abordar esta amenaza". La orden contempla restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a los Estados Unidos a individuos del TPI, así como su familia inmediata —pareja e hijos—, que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington. Así, la entrada "sin restricciones" de inmigrantes y no inmigrantes a los cuales se considere que cumplan los criterios marcados se tilda de perjudicial y se suspende, a no ser que desde el Departamento de Estado se determine el contrario sobre la base de recomendaciones de la fiscal general, Pam Bondi.
El Tribunal Penal Internacional, creado a través del Estatuto de Roma de 1998 y en funcionamiento desde el 2002, es un corte internacional con la misión de juzgar los máximos responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión de un país en otro. A diferencia de muchas judicaturas de países, el TPI no reconoce ninguna inmunidad a los jefes de Estado o de Gobierno. Si bien, al no tener una policía propia que ejecute detenciones, dependen de la colaboración de los países y hay precedente de estados que han optado por no hacerlo. Un total de 125 países forman parte del acuerdo, pero potencias como Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Turquía o Israel no firmaron el tratado ni reconocen su jurisdicción. Durante su primer mandato, Trump ya afirmó que el TPI no tiene "ninguna autoridad" sobre los Estados Unidos y defendió que el país ya tiene un sistema judicial sólido. Y, de hecho, sancionó el tribunal para iniciar investigaciones por presuntos crímenes de guerra de los Estados Unidos en Afganistán. En el caso de Rusia, hay una orden de detención no ejecutada sobre Vladímir Putin por crímenes de guerra en Ucrania.
Israel y Hungría celebran, la UE condena
Después de la medida de Trump se han sucedido las reacciones: desde la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado su apoyo al TPI como ente que "garantiza la rendición de cuentas por los crímenes" y "mujer voz a las víctimas de todo el mundo". "Tiene que poder emprender libremente la lucha contra la impunidad global", ha añadido. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha denunciado que las sanciones suponen una amenaza para la independencia de la corte que "socava el sistema de justicia penal internacional". En este sentido se ha pronunciado también el mismo TPI, que lamenta en un comunicado que la medida de Trump perjudica su tarea judicial "independiente e imparcial", pero afianza su compromiso en las acciones penales que han iniciado. Por otra parte, el gobierno de Viktor Orbán en Hungría ha expresado su apoyo a Trump y ha criticado que el TPI se ha convertido en "un instrumento político" que "desacredita" la justicia internacional. Israel también ha celebrado la decisión de Trump contra el "antisemita y antiamericano" TPI, según ha expresado el mismo Netanyahu.