Dos turistas alemanes han sido víctimas de los daños colaterales de la política antiinmigración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es el caso de Jessica Brösche y Lucas Sielaff, que han sido deportados después de semanas detenidos, por separado, en el paso fronterizo de San Ysidro, entre San Diego y Tijuana. Los turistas de la mayor parte de Europa, incluida Alemania, disfrutan en general de la posibilidad de viajar sin visado a los Estados Unidos durante un máximo de 90 días. No ha sido así para Brösche y Sielaff, que al intentar acceder al país las autoridades les comunicaron que se les denegaba la entrada y los enviaban a un centro de detención, según sus propios relatos y los de sus amigos. Esta negligencia ha ocupado muchos titulares en su país de origen como muestra de lo que podría suponer para los viajeros europeos quedar atrapados en el lado equivocado de la política antiinmigración de la Casa Blanca.
Jessica Brösche, tatuadora de profesión, fue detenida en la frontera el 25 de enero, tal como se explica en la web de una campaña de recaudación de fondos en línea que sus amigos crearon para presionar por su liberación. La turista tenía en su poder la autorización del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, un permiso con el que los ciudadanos de los países que no necesitan visado para viajar a los Estados Unidos pueden acceder después de declarar el propósito de su visita. Brösche venía de pasar una semana en la ciudad mexicana de Tijuana y, una vez llegó a la frontera, los funcionarios indicaron problemas con su documentación. Nikita Lofving, una amiga de Brösche, ha explicado en una entrevista en The New York Times que el equipamiento para tatuar podría haber conducido a las autoridades a pensar que tenía previsto trabajar en los Estados Unidos, violando las condiciones de entrada sin visado. Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ha dado ninguna explicación con respecto a este incidente.
Brösche fue enviada al centro de detención de Otay Mesa, en San Diego. Las autoridades le dijeron que la retendrían "un par de días", según sus amigos, sin embargo "lo que pasó después fue una secuencia alarmante de acontecimientos: después de negarle la entrada, la turista alemana fue puesta en aislamiento durante nueve días". En total, las autoridades la obligaron a quedarse en el centro durante seis semanas. "Solo el hecho de no saber qué estaba pasando la volvió loca", ha dicho Lofving. "Casi no pudo dormir todo el tiempo que estuvo allí dentro. Se pasaba las noches llorando". Brösche fue deportada a Alemania el miércoles.
"Ni siquiera me escucharon"
Lucas Sielaff sí que ha explicado en primera persona el calvario vivido en la frontera. En declaraciones a The New York Times, el turista ha revelado que estaba de viaje en Tijuana con su pareja, Lennon Tyler, una psicóloga norteamericana que vive en Las Vegas. Pero cuando intentaron volver a los Estados Unidos el 18 de febrero no pasaron del puesto de control fronterizo. Sielaff ha dicho que durante el interrogatorio con los funcionarios solicitó un traductor alemán porque las explicaciones que le estaban dando eran confusas. Los agentes del ICE le denegaron la petición. Además, el turista opina que la transcripción de su interrogatorio no refleja con exactitud lo que había dicho, ni siquiera las preguntas que le hicieron. "Dije, no vivo aquí y tengo que volver a Alemania antes de los 90 días, y ni siquiera me escucharon", ha lamentado.
Después de estar retenido en la frontera durante dos días, esposado en un banco bajo el cual dormía, las autoridades también trasladaron a Sielaff al centro de detención de Otay Mesa, donde permaneció durante dos semanas. Durante este periodo se vio obligado a compartir celda con nueve personas y hacer largas colas para calentar la comida en el único microondas disponible para más de 120 personas. "A veces me despierto porque tengo pesadillas con lo que pasó", ha explicado durante la entrevista. Su pareja se dedicó en cuerpo y alma para que liberaran a Sielaff. Contrató abogados, hizo entrevistas con los medios de comunicación y contactó repetidamente con un consulado alemán. Finalmente, al turista detenido se le permitió la deportación voluntaria, en un vuelo que le costó 2.744 dólares.