La Unión Europea como organismo supranacional, Estados Unidos y una veintena de estados entre los cuales se encuentra España han reclamado este viernes la "inmediata publicación de todas las actas originales" de las elecciones del 28 de julio en Venezuela y la verificación "imparcial" e "independiente" de los resultados de estos comicios, en los cuales el Consejo Nacional Electoral dio como ganador al presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato. En una declaración conjunta firmada en Santo Domingo (República Dominicana), estos países reclaman también al gobierno chavista la liberación de los presos detenidos en el marco de las protestas y disturbios violentos después de las elecciones, que el Gobierno de Maduro defiende como limpias.
Los países firmantes remiten al informe preliminar del Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales de Venezuela "en el cual se señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela todavía no ha presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto". Así, se han hecho eco también de la versión de la oposición del país, que asegura tener en digital el 80% de las actas y que estas les dan una victoria y "lanzan un resultado diferente del publicado por el CNE". "Tomamos nota", avisan.
Insisten así en "la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de estos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas". "Toda demora en que eso suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto de 2024", señalan.
España y el resto de países firmantes expresan también así su preocupación por "las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso", circunstancias señalan como alarmantes y por las cuales reclaman "su inmediata liberación". "Expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral. Hacemos uno llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición", apunta el texto.
Secundan la declaración la Unión Europea, España, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Haití, Chile, República Checa, Costa Rica, República del Ecuador, Guatemala, República Cooperativa de Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Reino Unido, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, El Salvador, República de Surinam y Uruguay. Esta declaración se emite en Santo Domingo dada la presencia en esta ciudad de numerosos dirigentes y representantes de países e instituciones de todo el mundo que asistieron este viernes a la toma de posesión del presidente dominicano, Luis Abinader, para un segundo mandato.
"Democracia, justicia, paz y seguridad"
Además, los países de la declaración han apelado al diálogo y al entendimiento para resolver graves conflictos en el pasado. "Hoy, más que nunca, Venezuela tiene que honrar a este legado para recuperar la convivencia pacífica, la seguridad pública y la estabilidad política", indican. "El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que favorezca la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela. Nos comprometemos a secundar todos los esfuerzos en este sentido, abogando siempre por una solución genuinamente venezolana en la cual prevalezcan la democracia, la justicia, la paz y la seguridad", sentencia la declaración.
Aparte, los países firmantes solicitan que se permita "el urgente retorno" a Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Y hacemos un llamamiento a Venezuela a garantizar las condiciones adecuadas para que pueda ejercer plenamente su mandato", han expresado. Recuerdan así que Venezuela, como estado miembro de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, tiene que cumplir "con sus previsiones" y expedir los salvoconductos "que permitan a las seis personas asiladas que permanecen en la residencia oficial de la República Argentina, retirarse de manera segura del territorio venezolano".