Nueva queja de Bruselas a Polonia a raíz de la muerte de una mujer a quien se le negó la posibilidad de abortar. La Eurocámara ha reclamado al país polaco que levante las restricciones al aborto a través de una resolución que exige que "se garantice el acceso al aborto seguro, legal y gratuito". El texto ha prosperado con 373 votos favorables, 124 en contra y 55 abstenciones y también pide al resto de estados miembros "asistencia" a las mujeres polacas para que tengan la posibilidad de abortar.

Este posicionamiento del Parlamento Europeo llega después de la muerte de una mujer de 30 años en Polonia porque los médicos le negaron la posibilidad de abortar y se negaron a esta opción mientras el feto estuviera vivo. Esta noticia ha conmocionado al país y las calles de Polonia se han llenado de protestas contra las restricciones que existen a la interrupción del embarazo.

De hecho, estas restricciones son vigentes a causa de una resolución del Tribunal Constitucional polaco, que declaró que era inconstitucional la ley de 1993 de Polonia relativa a las condiciones que permitían la posibilidad para abortar. Con esta resolución, la práctica está mucho más limitada al país.

Exigencia a las multinacionales

Otro de los acuerdos que ha adoptado la Eurocámara es una normativa que exige y pide una mayor transparencia a las multinacionales. A partir de ahora, se obligará a estas organizaciones a publicar sus beneficios y los impuestos que pagan a cada país de la comunidad, así como en aquellos países que están incluidos en la lista europea de paraísos fiscales. Una vez esté publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, los gobiernos dispondrán de 18 meses para implementarla en las legislaciones nacionales.

Los únicos países que votaron en contra de esta propuesta cuando se debatió entre los 27 estados miembros fueron Suecia y Chipre, en tanto que la República Checa, Croacia, Irlanda, Malta y Luxemburgo se abstuvieron. El resto votaron a favor y eso permite que salga adelante.

Es, de hecho, una propuesta que se empezó a plantear el año 2016 y que responde al objetivo, según defienden los impulsores, de evitar escándalos como los Papeles de Panamá, los Papeles de Pandora o la competitividad fiscal entre los diferentes países europeos. La medida afectará a las empresas europeas o filiales de compañías extranjeras que facturen más de 750 millones de euros al año. También hará falta que publiquen datos relativos a sus beneficios o pérdidas antes de impuestos, las tasas fiscales pagadas o el número de trabajadores que tienen.

 

Imagen principal: El Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo. Europa Press.