La Unión Europea seguirá ayudando a la guardia costera de Libia a pesar de "las violaciones generalizadas y sistemáticas" de derechos humanos que sufren las personas migradas y refugiadas en el país. Recientemente, una misión independiente de la ONU ha alertado de que estos maltratos podrían ser considerados "crímenes contra la humanidad", pero Bruselas no se ha planteado suspender la entrega de equipamiento a las autoridades libias porque "no hay un vínculo directo entre hacer operativo un barco para salvar personas y los abusos que están pasando en los centros de detención". En este contexto, los 'barcos para salvar personas' impiden que los migrantes que llegan de todo el continente africano continúen su ruta migratoria hacia la Europa continental a través del mar Mediterráneo.

"Ayuda"

Las violaciones, asesinatos, abusos y tráfico de personas son un hecho común en Libia. Recientemente, una redada perpetrada en un asentamiento de migrantes a Gergaresh, a unos 12 kilómetros de la capital Trípoli, resultó en la detención de unos 5.000 hombres, mujeres y niños con un uso de la fuerza desproporcionada, que dejó al menos un muerto y cinco heridos. Los detenidos fueron amontonados en celdas, sin apenas comida ni agua.

A pesar de los potenciales crímenes contra la humanidad alertados por la ONU, el bloque comunitario ha considerado que "parar la ayuda no frenará los abusos", intentando normalizar así su colaboración con el estado africano. Pero el informe de las Naciones Unidas sobre el terreno sí que detectó una relación entre las autoridades costeras y la violación de derechos: "Este informe documenta en particular el patrón de intercepciones por parte de la Guardia Costera Libia para garantizar que el desembarque se produzca en Libia, y el patrón asociado de detener migrantes en centros de detención (...), donde se enfrentan a condiciones intolerables calculadas para causar sufrimiento y el deseo de utilizar cualquier medio para escapar, incluso pagando grandes cantidades de dinero a las milicias, bandas criminales y traficantes que tienen vínculos con el estado y se benefician de esta práctica," recoge el informe elaborado por los expertos independientes, publicado a principios de octubre.

En otras palabras: en la práctica, la retención de personas migradas al país no es efectiva y además convierte su desesperación en un negocio rentable y extremadamente peligroso. Por su parte, los europeos se han lavado las manos,  asegurando que no financian directamente los guardias costeros libios, sino que únicamente proporcionan "equipamiento relacionado con operaciones de investigación y rescate en el mar". Una ayuda que ven "crucial" para salvar vidas. Anteriormente, también habían proporcionado entrenamiento para hacer las operaciones y "concienciación sobre los derechos humanos".

Borrell lo admite

Desde el Servicio de Acción Exterior de la UE que dirige Josep Borrell, reconocen que "el uso excesivo de la fuerza" contra los migrantes y demandantes de asilo en los centros de detención de Libia es "una grave violación de los derechos humanos". Por eso, reclaman a las autoridades del país que investiguen los abusos: "No puede haber impunidad". Así y todo, la UE no se plantea dejar de enviar "ayuda" para estos abusos. El bloque comunitario ha defendido que sus esfuerzos en Libia están centrados en resolver el conflicto que vive el país. Así, fuentes europeas consideran "naif" pensar puede haber "mejoras considerables" en el trato que se da a los refugiados en Libia si no hay paz y estabilidad. A corto plazo, parar la llegada de personas a las costas europeas de cualquiera de las maneras es el interés europeo que protege Libia, de la misma manera que lo hacen los tratos con Turquía.

 

Foto principal: el ministro de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell / Europa Press