Las deportaciones sumarias de la Administración Trump traen cola. La deportación de Kilmar Abrego García, reconocida como infundada por el abogado del Department of Justice, Erez Reuveni (que ya ha sido suspendido), se ha convertido en las últimas horas en imagen reivindicativa contra la arbitrariedad de las deportaciones masivas del nuevo ejecutivo americano. Residente americano legal desde 2019, Kilmar ha vivido en Maryland bajo protección legal del mismo gobierno que ahora, con una nueva administración, lo ha deportado en la prisión de alta seguridad Cecot, en El Salvador. Todo por un pequeño "error administrativo".
Kilmar Armando Abrego García (1995, San Salvador) huyó de El Salvador en el 2011 por amenazas de bandas locales a su familia y vivía en Estados Unidos con un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Durante los 6 años viviendo legalmente en Maryland no ha estado implicado en ningún crimen serio, así que no presentaba historial delictivo más allá de algunas infracciones leves.
Padre de familia y trabajador regularizado
Antes del ser arrestado el pasado 12 de marzo, Kilmar trabajaba en una empresa local del sector metalúrgico. Tenía la posición de aprendiz de planchista y, según ha explicado su mujer, Jennifer Vásquez Sura, pretendía obtener el permiso para practicar otros oficios. El joven residía en la pequeña población de Beltsville con su mujer, su hijo de 5 años (que sufre autismo no verbal) y dos hijos del anterior matrimonio de Jennifer Vásquez. La pareja se conoció el 2016, cuando él ya estaba en Estados Unidos, pero todavía no se había regularizado. En el 2019, Kilmar fue detenido por el Departamento de Seguridad Nacional y fue entonces cuando su vida dio un giro. Se casó con Jennifer y, posteriormente, el gobierno americano le concedió el permiso de trabajo por riesgo de persecución en su país natal, El Salvador.
A pesar de eso, el pasado 15 de marzo fue deportado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) junto con 250 inmigrantes indocumentados acusados, como él, de pertenecer a la banda criminal salvadoreña Tren de Aragua y Mara Salvatrucha (conocida como MS-13), que recientemente ha sido designada como terrorista para|por la administración Trump. Las evidencias presentadas por el ICE son más que cuestionables, pero la chispa que ha causado el incendio mediático fueron las declaraciones del subdirector en funciones de la Oficina de Litigios de Inmigración, Erez Reuveni, cuando pronunció uno tímido "no lo sé" ante la pregunta de la jueza Paula Xinis por las razones de la deportación, en una audiencia el pasado viernes 4 de abril. Ahora, abogados, familiares y simpatizantes de la causa de Kilmar Abrego García exigen la corrección del error de la administración Trump y denuncian la ambigüedad de las pruebas y la poca concreción del gobierno a la hora de mostrar las evidencias.
Gestión judicial y choques de competencias
La operación de deportación que incluía a Kilmar Abrego García está amparada por la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que permite deportar a personas en tiempo de guerra y que fue avalada el pasado lunes 7 de abril por el Tribunal Supremo. La deportación del grupo de criminales al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y los recientes descubrimientos sobre el caso particular de Abrego García han iniciado una disputa judicial y mediática que ha enfrentado el sistema americano con sus propios límites. Después de que se hayan pronunciado los abogados de ambos lados y otros agentes implicados, se han puesto de manifiesto las contradicciones que derivan de un proceso extraordinario y excepcional como el que está llevando a cabo Donald Trump. Estos son los posicionamientos actuales y los agentes implicados que son primordiales para entender la evolución del caso:
La orden de retorno de la jueza general
Después de que la audiencia del juzgado del distrito de Maryland, del viernes 4 de abril, mostrara que la deportación de Abrego García había sido fruto de un error, la jueza de primera instancia encargada del caso, Paula Xinis, emitió una orden que exigía el retorno del inmigrante salvadoreño a tierras americanas antes del lunes 7 a las 23h59. Como réplica, el procurador general del gobierno, John Sauer, dijo a través d'una solicitud de emergencia que la jueza Xinis se había extralimitado en sus funciones al emprender una "diplomacia de tribunal de distrito", argumentando que habría que trabajar con el gobierno de El Salvador para conseguir la liberación de Kilmar Abrego.
La defensa de Kilmar y el bloqueo temporal
En respuesta al orden del tribunal de distrito, los abogados de Abrego García denuncian la injusticia que supone que el padre de familia se encuentre en una prisión de alta seguridad en El Salvador como producto de un error, y esgrimen que la orden de Paula Xinis es rutinaria y "en ningún caso implica política exterior, y ni siquiera política interna de inmigración" (que es lo que se está considerando). El mismo lunes 7, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, bloqueó temporalmente la orden que Paula Xinis había dirigido al gobierno americano, alegando que se trata de una "suspensión administrativa" provisional destinada a dar tiempo a los jueces mientras el pleno de la corte analiza el asunto.
Así pues, esta complicada coyuntura expone a las instituciones judiciales y ejecutivas de Estados Unidos a una auténtica prueba de fuego ante las medidas de excepción del gobierno de Trump. "Aunque Estados Unidos admiten que la expulsión en El Salvador fue un error administrativo", escribió el abogado del gobierno John Sauer, "eso no autoriza a los tribunales de distrito a apoderarse del control de las relaciones exteriores, tratar al poder ejecutivo como un diplomático subordinado y exigir que Estados Unidos deje entrar esta noche a su territorio un miembro de una organización terrorista extranjera". Mientras se resuelve el maremágnum entre bloqueos provisionales, órdenes de corrección y quejas de los abogados, Kilmar Abrego García espera en la prisión de El Salvador entre los mismos guerrilleros de los cuales tuvo que huir en el 2011.