"Silenciar todas las voces críticas". Esta es la reacción que ha provocado en diferentes grupos de la sociedad civil una legislación para crear una "oficina de protección de la soberanía" que investigue la influencia extranjera. Durante años, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha promovido la idea de que fuerzas externas están intentando socavar su gobierno y señalar a sus oponentes. En un discurso pronunciado este mismo mes, el líder húngaro dijo que las "fuerzas oscuras" siguen asediando las líneas defensivas de la soberanía, incluyendo las de Hungría".

Pero los críticos de Orbán dicen que su retórica está diseñada para socavar a sus oponentes y que, antes del Parlamento Europeo y las elecciones municipales del próximo año, el gobierno está intensificando sus esfuerzos por crear enemigos imaginarios y distraer a los votantes.

El miércoles, siete organizaciones de la sociedad civil advirtieron en un comunicado que los planes para una "oficina de protección de la soberanía" eran parte de los intentos más amplios del gobierno de sofocar la disidencia. "El proyecto de ley es parte del intento del gobierno de silenciar todas las voces críticas", han dicho.

Los grupos, que incluyen en Transparencia Internacional Hungría y la Unión Húngara de Libertades Civiles, han añadido que la legislación propuesta no estaba en línea con las obligaciones constitucionales de Hungría y de la UE, por lo tanto, fracasaría.

La oficina propuesta investigaría actividades de promoción, actividades destinadas a influir al debate democrático y organizaciones que utilizan financiación extranjera para influir en los votantes. El proyecto de ley también castigaría la financiación extranjera prohibida para grupos que se presenten a las elecciones con hasta tres años de prisión. La redacción amplia ha profundizado las preocupaciones que la oficina pueda atacar arbitrariamente periodistas, sindicatos, iglesias y empresas.

"Convertir la ley en un arma"

El Comité Húngaro de Helsinki, un grupo de derechos humanos, ha dicho, destaca el The Guardian, que el proyecto de ley estaba "lleno de conceptos indefinidos y ampliamente interpretados". "Esta ambigüedad deliberada permite a la nueva autoridad considerar arbitrariamente cualquier actividad relacionada con los asuntos públicos como si estuviera al servicio de intereses extranjeros", ha constado, y ha añadido que "este es un intento claro de convertir la ley en un arma, crear un efecto paralizador y consolidar todavía más el poder político".

La oposición de Hungría también generó preocupaciones. Katalin Cseh, miembro del Parlamento Europeo del partido opositor Momentum, dijo que la propuesta es "otro hito oscuro para Hungría".

Las tácticas de Orbán

Tal como destaca el mismo diario británico, el gobierno húngaro no se ha querido pronunciar al respecto. Ahora bien, un portavoz del gobierno ha escrito en las redes sociales que la legislación "tenía como objetivo disuadir a los actores políticos nacionales de aceptar fondos extranjeros".

Desgraciadamente, esta estrategia no es nueva. Un portavoz de Open Society Foundations ha dicho que "el dinero de los contribuyentes húngaros se está utilizando nuevamente para pagar propaganda política que está profundamente contaminada por el antisemitismo: una prueba más de hasta qué punto han caído los estándares de decencia política en un estado miembro de la UE", recoge el The Guardian. "Esta es una táctica muy utilizada por el gobierno húngaro: crear una amenaza extranjera vaga e imaginaria para distraer a los votantes de cuestiones internas reales, como la calidad de la educación pública y la atención sanitaria".