Hoy que empieza un nuevo año, es importante recordar una frase de Platón que dice que el pasado es irreparable, pero el futuro es prevenible. El filósofo griego no señalaba que el futuro fuera previsible, es decir, que se pueda “intuir de antemano lo que puede ocurrir” y prever las consecuencias que probablemente se derivarán de ello, sino que utilizaba un adjetivo menos habitual: prevenible. Este adjetivo proviene del verbo prevenir, que significa “prever algo para impedirlo” y se usa para describir las consecuencias que se pueden evitar. La prevención requiere, por consiguiente, adoptar las medidas oportunas para evitar problemas, riesgos o dificultades en el futuro. No es una diferenciación trivial. En general, la idea de prevención está relacionada con la adopción de decisiones y acciones anticipadas con el fin de minimizar o reducir los efectos adversos de algo. Les proporciono un ejemplo. La vacunación estacional contra la gripe prevé la expansión y contagio de esta enfermedad, de manera específica entre la población vulnerable, pues previsiblemente reaparece todos los inviernos. No es un juego de palabras, especialmente si lo aplicamos a la política, donde es necesario prevenir las acciones previsibles.
Para el independentismo, 2024 será el año de prevenir lo que, en 2023, ya se sabía que era previsible sobre la amnistía y el catalán en la Unión Europea. Oficializar el catalán en las Cortes españolas ya es un hecho, aunque no era previsible que algunos diputados independentistas, como Gabriel Rufián, solo lo usaran cuando se dirigen a la “tribu”. Tampoco era previsible que el ministro socialista Jordi Hereu usara el catalán para responder a las preguntas formuladas en catalán, mientras que la diputada de Compromís-Sumar, Àgueda Micó, no usara en el Congreso la lengua de los valencianos al denunciar la confabulación del PSOE y el PP para ampliar el puerto de Valencia. Como ya lamentó Vicent Partal en uno de sus editoriales, es desalentador constatarlo. El valencianismo, al que llevó tiempo poder consolidarse, se está diluyendo debido al efecto contagio de la izquierda española. Lo hace simultáneamente y con el mismo ritmo que el sector del independentismo catalán que también se refleja en ella. El españolismo no siempre es de derechas.
La aparición de Ciudadanos y su cruzada contra el catalán han provocado que Salvador Illa, el primer secretario del PSC más españolista, que tiene un acento muy catalán al hablar castellano, lo utilice en algunas de sus intervenciones en el Parlament de Catalunya. Antes de que Albert Rivera entrara en la cámara catalana, esto no ocurría. A pesar de que Ciudadanos se encuentra en proceso de liquidación, el “mal incurable” ha causado metástasis. Eso mismo ocurre con los valencianistas. La sumisión de Compromís a la izquierda española ha hecho olvidar a Àgueda Micó, quien en otro tiempo era una de las voces más pancatalanistas del Bloc Nacionalista Valencià, que quizás era necesario usar el valenciano en Madrid, ya que el PP se ha propuesto españolizar el País Valencià. Otro ejemplo más. El discurso institucional de fin de año del presidente valenciano, Carlos Mazón, pronunciado desde el castillo de Santa Bárbara de Alacant, se realizó en castellano, con algunas palabras en catalán. La minimización del catalán, con todas sus variantes y denominaciones, es la apuesta de la derecha y la izquierda españolas. Aquellos que no quieran verlo son simplemente ciegos.
A medida que se vaya “normalizando” la vida política española con la claudicación del independentismo, más verosímil será que Pedro Sánchez recurra al PP para marginar a unos socios incómodos y dejar en nada lo que ha pactado
Por esta razón, es sumamente importante oficializar el catalán en la Unión Europea. Tengo un amigo que hace unos días me retó a apostar sobre si este 2024 sería el año en el que el catalán se convertiría en una de las lenguas oficiales de la UE. Mi amigo apostaba por el no, ya que, según él, no se podría implementar uno de los acuerdos de investidura con Pedro Sánchez debido a la falta de prevención del gobierno español ante los obstáculos que hay que superar para obtener el éxito. La previsión de mi amigo es la de un pesimista, no es necesario decirlo. Tiene motivos para serlo, especialmente si examinamos el caso del gaélico o irlandés, la última lengua oficializada en la UE. El proceso para oficializar el gaélico comenzó en 2005, cuando Dublín lo solicitó, pero no fue hasta 2007 que se convirtió en lengua oficial de trabajo de la UE. No obstante, a pesar de que el gaélico es una de las dos lenguas oficiales de la República de Irlanda, la plenitud de derechos de este idioma en las instituciones europeas no fue efectiva hasta el primero de enero de 2022. Ha sido necesario esperar diecisiete años.
No hay duda de que el gaélico es una lengua minoritaria, mucho más que el catalán. Mientras que el gaélico es una lengua con 200.000 hablantes, el catalán es la decimotercera lengua más hablada en la UE, por encima del búlgaro (8.5 millones de hablantes), el danés (5.5), el eslovaco (5.2), el finlandés (5), el croata (4.3), el lituano (3), el esloveno (2.5), el letón (1.9), el estonio (1.3) y el maltés (0.52). Desde que el Reino Unido se fue de la UE, incluso el inglés ocupa una posición por debajo del catalán, con 5.5 millones de hablantes, que es precisamente el número de habitantes de Irlanda y Malta. La razón de nada sirve cuando la dominan las pasiones. España ha convertido el reconocimiento del catalán, y más en general el plurilingüismo peninsular, en un conflicto político permanente, como si los 46.2 millones de hablantes de la lengua de Cervantes en España estuvieran amenazados por 10 millones de catalanoparlantes o por el 45 % de los ciudadanos que viven en un territorio con una lengua propia distinta al castellano. Como señala la investigadora Vicenta Tasa Fuster en un estudio sobre las políticas de Suiza y España frente a la diversidad lingüística, este miedo imaginario se traduce en una aversión al multilingüismo. Los partidos independentistas deben tomar medidas pronto si no quieren dar la razón a los que ya intuían —preveían— que el PSOE intentaría retrasar la cuestión porque no cree en ella.
No es necesario justificar mucho que Pedro Sánchez y el PSOE no son de fiar. Han vuelto a demostrarlo con la decisión de mezclar en el Real Decreto Ley 6/2023 la necesaria reforma de la justicia española con una modificación de la ley de enjuiciamiento civil que establece la posibilidad de suspender la aplicación de la amnistía cuando se presenta una cuestión prejudicial en Europa. Elisa Beni lo explicó mejor de lo que yo podría hacerlo ahora en un artículo reciente en este diario. Me remito a sus doctos argumentos. La acción del PSOE es la misma que han estado llevando a cabo los diversos gobiernos españoles (de derecha o de izquierda) con la alteración permanente de las competencias autonómicas mediante el uso de las leyes de bases. Parece que Junts recibió un borrador del decreto ley de medidas urgentes en el que no figuraba el artículo 43 bis, que, de hecho, modificaría, retardaría o directamente invalidaría la ley de amnistía que se pudiera aprobar. Un auténtico engaño. La táctica es conocida porque los estatutos de autonomía de 1979 y 2006 fueron modificados con el recurso centralista de vaciarlos de contenido mediante leyes de base. El proyecto de ley que el PSOE ha elaborado está concebido con el fin de prevenir la amnistía. En otras palabras, para impedirla. Se rumorea que el PSOE no sería el único responsable de la “chapuza” legislativa, pues a otros grupos les vendría bien que un juez decidiera tomar la vía de elevar a Europa una cuestión prejudicial para determinar quién puede beneficiarse o no de la amnistía. El decreto ley lleva escrito implícitamente el nombre de Carles Puigdemont. Lo disimulan, pero eso es así.
Al contrario de Esquerra, Junts reclamó un mecanismo efectivo para verificar si el PSOE cumplía o no el pacto de investidura. El primer encuentro entre los dos partidos fue en Ginebra a principios del mes de diciembre, con la participación del portavoz de los mediadores internacionales, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. Es evidente que los negociadores del PSOE ocultaron a sus interlocutores la intención de reformar la ley de amnistía, una vez aprobada, mediante un decreto ley que dejaría el acuerdo en papel mojado. Al darse cuenta del engaño del PSOE y sus aliados al independentismo, pero más concretamente a Carles Puigdemont, sin duda el protagonista quien todos querrían ver muerto, Junts debe dar un puñetazo sobre la mesa. Tiene la capacidad de hacerlo y solo de esta forma preservará la credibilidad de un acuerdo que los desencantados, tanto dentro como fuera del partido, ponen en duda. No hay espacio para el optimismo injustificado. Es fundamental proteger la esperanza porque la paciencia no es ilimitada.
El PSOE y Sumar ya están al tanto de que los de Míriam Nogueras no votarán la convalidación del decreto ley, pero estaría bien que Esquerra, EH Bildu, Compromís, Més per Mallorca i Menorca y el PNV también se posicionen ante una maniobra tan grosera como esta. Por supuesto que entonces el PSOE podría optar por pactar con el PP la convalidación del decreto y desconcertar a todos. A medida que se vaya “normalizando” la vida política española con la claudicación del independentismo, más verosímil será que Pedro Sánchez recurra al PP para marginar a unos socios incómodos y dejar en nada lo que ha pactado. Voy a un clásico para terminar. En este caso, de la Antigua Roma. En su ensayo acerca del arte de mantener la calma, Séneca señalaba que quien se lanza al vacío deja de ser dueño de sí mismo. La inercia de la caída anula su voluntad y le impide retroceder. La desgracia se vuelve inevitable, al igual que la pérdida de voluntad no puede frenar llegar a donde podría no haber llegado si hubiese resistido. La relación de Junts con el PSOE tiene un futuro prevenible y, tanto si era previsible como si no lo era, es necesario cortarle la raíz maligna desde un buen principio para no perder el control.
¡Feliz año 2024!