La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha fijado para el jueves el pleno que debe aprobar definitivamente la ley de amnistía. Este hecho marcará el inicio de la gran batalla de la democracia en Catalunya, en España y con inevitables repercusiones en Europa. Ante la iniciativa legislativa de la mayoría parlamentaria, el Poder Judicial español se ha organizado para boicotear la aplicación de una ley que surge de la voluntad popular mayoritaria. Es un hecho sin precedentes, un abuso de poder, una intervención política ilegítima basada en la tergiversación de hechos y leyes.
¡Ojo! No nos equivoquemos. Esto no es un problema solo de los catalanes. El conflicto que se abrirá no tendrá nada que ver con la independencia de Catalunya; en todo caso, es la coartada de los conspiradores que desafían e interpelan a todos los demócratas. Ya lo escribió el jurista Hans Kelsen, si los jueces pueden socavar la voluntad popular democrática y constitucionalmente expresada, ya no hacen falta militares para dar un golpe de estado.
Desde que la mayoría parlamentaria planteó la iniciativa legislativa de la amnistía, el juez García-Castellón ha ido tomando decisiones sobre la marcha, según se iba redactando y modificando la proposición de ley para poder inculpar a algunas personas de terrorismo e impedir que sean amnistiadas. El objetivo no es sólo que Carles Puigdemont y Marta Rovira sean detenidos y encarcelados, sino que se trata de una operación para dinamitar la mayoría parlamentaria que sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez legítimamente constituido. ¿Por qué García-Castellón se presta a hacerlo en contra incluso de la Fiscalía y de los tribunales extranjeros? ¿Quién es García-Castellón?
Según publicaron varios medios, García-Castellón fue reclamado de su destino europeo para ocuparse de los asuntos de corrupción del Partido Popular. Ha sido muy duro en investigaciones que afectaban al partido Podemos que han acabado en nada y se ha negado, en cambio, a procesar a dirigentes del PP en contra de lo que le proponía la Fiscalía Anticorrupción.
El Poder Judicial se ha organizado ilegítimamente para impedir la aplicación de la amnistía, una rebelión antidemocrática contra la voluntad popular legítima y democráticamente expresada
“En 2018, García-Castellón archivó la investigación contra el rey emérito por los mismos hechos que más adelante investigó la Fiscalía suiza. En 2019, archivó la causa contra el presidente conservador de la Región de Murcia, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusaba de fraude, cohecho y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica. La Audiencia Nacional revocó su decisión y volvió a imputarle, pero él volvió a archivar la causa. En sentido similar, decidió no imputar a la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal en la causa Kitchen, sobre el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, extesorero del partido, pese a los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y a las pruebas en forma de audios”. Esto lo explica Joaquín Urías, jurista, exletrado del Tribunal Constitucional, en el libro que acaba de publicar, La Justicia en el banquillo (Arpa editores).
Esta semana García-Castellón ya ha iniciado los trámites para ordenar la detención y/o la búsqueda y captura de personas a las que pretende acusar de terrorismo por haber supuestamente participado en las protestas del Tsunami Democràtic.
La cuestión es que García-Castellón no trabaja solo. Es solo la punta de lanza de la rebelión del Poder Judicial contra el Legislativo y el Ejecutivo. Los pronunciamientos políticos de jueces, organismos judiciales y asociaciones diversas contra la amnistía han sido continuos. Jueces de varias ciudades ya se manifestaron ataviados con sus togas contra el pacto PSOE-Junts y el Consejo General del Poder Judicial se negó a sancionarles. Sin ir más lejos, esta semana García-Castellón ha sido condecorado por el Colegio de Procuradores de Madrid con la obvia intención de caldear el ambiente de cara a la semana que viene. Por si fuera poco, el colega Toni Muñoz ha publicado este sábado en La Vanguardia que desde el servidor del Consejo General del Poder Judicial se ha hecho llegar a todos los jueces españoles una Guía práctica para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad y/o prejudiciales europeas sobre la ley de Amnistía, un documento de 126 páginas donde se explica a los jueces todo lo que pueden y deben hacer para impedir la aplicación de la ley. Quedan todavía jueces demócratas que han protestado, pero parece que no son muchos y menos en los cargos que conllevan alguna superioridad jerárquica.
“Perviven los hábitos, modos e ideas de la dictadura en el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial español”, constata Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional
El libro de Joaquín Urías, que es un texto que vale la pena leer y tenerlo cerca para consultarlo a menudo, ofrece todas las claves del problema. Recuerda Urías que la actual ley orgánica del Poder Judicial data de 1870 y que en 150 años sólo ha sufrido cambios estéticos, pero ha mantenido la esencia del modelo. Los propios jueces se encargaron de boicotear la reforma que pretendía impulsar la República y fueron los primeros en legitimar el golpe de Estado del general Franco, todavía venerado hoy en buena parte del ámbito judicial. Afirma Urías: “A menudo, cuando alguien atribuye rasgos franquistas a la carrera judicial española, responden jueces indignados haciendo valer que la mayoría de nuestros magistrados nacieron tras la muerte del dictador. Es una manera de intentar esconder que de lo que se está hablando, en realidad, no es de personas concretas, sino de la pervivencia de los hábitos, modos e ideas de la dictadura en el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial español. Porque, en efecto, muertos los franquistas, el franquismo sobrevive. No se manifiesta en la adhesión al régimen dictatorial, pero sí en una forma de entender la función judicial”.
No es un problema de personas, sino de sistema, pero también es cierto que no pocas personas son militantes encarnizados de este sistema que últimamente han querido darse a conocer, ellos y sus ideas. La ley de amnistía, según Urías, supuso un punto y aparte en la politización de los jueces tuiteros. "Multitud de cuentas que habitualmente evitan pronunciarse políticamente e intentaban mantener cierta apariencia de imparcialidad se lanzaron a criticar las propuestas que debatía el Parlamento democráticamente elegido, con una clara intención deslegitimadora”.
Habrá que ver si Pedro Sánchez es capaz de liderar y llevar a cabo la desarticulación de este contrapoder judicial antidemocrático, mal endémico español, o toda la propaganda contra la derecha y la extrema derecha será un engaño
Después de las elecciones catalanas, todo el establishment progubernamental y sus amanuenses celebraban "la muerte del procés" como el inicio de una nueva etapa de estabilidad política en Catalunya y en España, pero es evidente que no es eso lo que pretende el Poder Judicial y sus lacayos políticos y mediáticos. La batalla está a punto de estallar y la previsión es de decisiones y sentencias judiciales arbitrarias contra personas inocentes. Si vuelve a haber persecución, encarcelamientos y exilio, la calle volverá a hacerse oír, pero los poderes Ejecutivo y Legislativo tendrán que actuar en consecuencia, en defensa propia y en defensa de la democracia. Necesitarán audacia y coraje para, mediante reformas políticas profundas y atrevidas, desarticular ese contrapoder antidemocrático, mal endémico español. Habrá que ver si Pedro Sánchez es capaz de liderarlo y llevarlo a cabo o toda la propaganda contra la derecha y la extrema derecha será un engaño.