Esta es la hipótesis: no hay acuerdo. Es importante trabajar en esta eventualidad, no porque tenga probabilidades más altas o más bajas de suceder, sino porque ayuda a ver el verdadero precio de la ruptura de las negociaciones. Hay gente que hace los análisis en función del precio electoral: "habrá acuerdo porque si no, electoralmente, sucedería esto o aquello". Pero es que el análisis no debería ser electoral. Nunca, de hecho. Siempre hay otro tipo de análisis que toma mucho más del fondo del tema que los cálculos de los partidos. Lo importante no es qué le ocurre al PSOE o a Junts o a ERC si no hay acuerdo, lo importante es qué les pasa a Catalunya y a España. En el fondo, todos estamos pendientes de ello, aunque en ocasiones la politiquería consigue eclipsarlo.

No hay acuerdo, situémonos en esta hipótesis. Dejemos a un lado por un momento quién ganaría en caso de repetición electoral en España: gane quien gane, hay algo que no es eludible y es el hecho de que, por enésima vez, la vía política no habrá dado frutos. Lo que deben evaluar en Madrid no es si Puigdemont regresa o no regresa, o si Junts sube o no sube, o si el PP tiene opciones de gobernar o no, sino que vuelve a demostrarse que la vida política es imposible y que volvemos a estar todos a merced de los tribunales. Nosotros y ellos, por supuesto, especialmente a merced de los tribunales europeos, que ya han dado signos evidentes de estar agotando la paciencia. Vuelve a ser el clásico “fracaso de la política”, que no solo empuja toda la cuestión al litigio jurídico: políticamente, vuelve a situarlo todo en el terreno de las unilateralidades.

Ni Junts ni ERC pueden permitirse no tener un plan B, una idea alternativa a la negociación

Por su parte, España seguirá situada, unilateralmente, en su "no" a que los catalanes voten su futuro. Tomando decisiones políticas unilaterales, sea de la mano del PSOE o del PP o de ambos, imponiendo el régimen vigente y castigando a cualquier persona que se mueva del mismo. El desacuerdo lleva a esto, por un lado: y en el bando catalán, evidentemente, se armará también de nuevo la apuesta unilateral. Es lógico: si no hay acuerdo, como en cualquier mediación, cada uno va a lo suyo y la vida continúa. Y ni Junts ni ERC pueden permitirse no tener un plan B, una idea alternativa a la negociación, un plan de acción que, basándose en mayor o menor medida en las sentencias europeas o en el nuevo marco legal, reanude la unilateralidad, constatando la imposibilidad de ninguna solución acordada. Esto llegará, evidentemente. Y, por lo tanto, los riesgos electorales son lo que menos debería preocupar a España (y Europa). Ahora bien: ¿qué ocurre si llegamos hasta aquí?

La ventaja de haber vivido el 2017 es que las cartas ya se enseñaron. El PSOE (y sus intelectuales afines) ya han decidido que, frente a unilateralidades catalanas, el error fue dar vía libre a los jueces. Han llegado a la conclusión de que no era necesario, y precisamente por eso están haciendo este trabajo de teórica "desjudicialización". Han observado que todo esto era innecesario (y contraproducente para la imagen de España) porque, al fin y al cabo, detener el tema solo dependía de un acto políticoadministrativo: la aplicación del 155. ¿El Parlament quiere impulsar una moción decisiva sobre el tema? 155 y autonomía intervenida. Nadie en Europa, tampoco ningún tribunal, discutió esa medida. Es constitucional, es una prerrogativa del gobierno español y las cámaras españolas y no deja cadáveres a la vista. Autonomía suspendida significa que ustedes, presidente tal y consejero Pascual, ya no son nadie. No representan a nadie. Y que no pueden firmar más decretos en nombre de nadie.

¿Es esto el jaque mate definitivo? Al menos lo parece. Solo hay tres cosas que no encajan. Primera: el 155 se aplicó, precisamente, para poder perseguir judicialmente, y sin inmunidades o aforos, a los culpables de unos delitos inventados. No pueden pretender ahora esconderlo. Y de eso son responsables tanto el PP como el PSOE. Segunda: un 155 no puede alargarse indefinidamente, y sitúa a Cataluña en un régimen de excepcionalidad demasiado difícil de justificar y de sostener. Y tercera, aún más importante: suspender la autonomía es exactamente lo que decidimos nosotros el 1 de octubre de 2017. Solo necesitábamos mantenerlo, en efecto... pero, suspendido, la autonomía ya se había suspendido con la declaración del 27 de octubre. Unos instantes antes de que el 155 también lo hiciera. ¿Quieren realmente llegar hasta aquí? De acuerdo. Pero no olviden que nosotros, lo de suspender la autonomía, es en buena parte lo que exactamente perseguimos. Ah: y que Puigdemont, ahora mismo desde el punto de vista formal, tampoco representa a “nadie”.