Hace una semana, el cinco de mayo, se decretó oficialmente el fin de la pandemia del Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. El mismo día en que los campos de concentración nazis fueron liberados en 1945. Se trata así de poner fin a un periodo oscuro de nuestra historia. Por el terror infundado, por la manipulación generalizada de la opinión pública y por el absoluto abuso de nuestra buena voluntad por parte de los dirigentes políticos que se han dedicado a malgastar los fondos públicos para beneficio de empresas privadas, jugando además con nuestra salud. 

La cantidad de información errónea que se nos ha proporcionado para tratar de justificar lo injustificable va, poco a poco, saliendo a la luz. Como esta noticia, que ha sorprendido a muchos, pues reconoce que "muchas muertes atribuídas a la covid-19, en realidad las causó una neumonía secundaria asociada a las intubaciones". De la misma manera que ya parece quedar claro que las mascarillas no han evitado los contagios y que, de hecho, han podido causar daños para nuestra salud. Del millonario negocio que han hecho algunos (los de siempre) a costa de las marcarillas, tampoco hace falta que hablemos ahora, porque ya ha sido evidente el escándalo no sólo en España sino en distintos países del mundo, donde ha sucedido exactamente igual. Que los confinamientos fueron medidas políticas y no sanitarias, es otra de las cuestiones que ya nadie se atreve a rebatir. Lo que precisamente siempre se dijo que no había que hacer ante una pandemia, es lo que se hizo en esta: todo contra la ciencia.

Pero hoy no quería revisar todas y  cada una de las burradas que se han cometido, con la consiguiente persecución de quienes han advertido desde el principio de lo que estaba pasando. Hoy quiero hablar de un problema que todos tenemos y del que poco se habla. O por lo menos, poco se escucha.

Ayer se celebró, por primera vez, el día mundial de las personas afectadas por las vacunas contra el Covid-19. Un llamamiento de solidaridad, de empatía, de denuncia ante el silenciamiento, abandono y humillación constante que están sufriendo cientos de miles de personas que, ante una campaña global de presión, se sometieron a unos productos experimentales cuyos efectos adversos eran, en el mejor de los casos, desconocidos; y en el peor de los casos, ocultados o minimizados prometiendo que eran seguros y eficaces. 

Que eran eficaces, ya se ha visto, era una afirmación capciosa, por no decir falsa. Porque desde un primer momento se quiso hacer creer que estas inyecciones debían ponerse para terminar con la pandemia, para evitar que el virus siguiera expandiéndose y mutando. Que debíamos inocularnos todos, absolutamente todos, por solidaridad y responsabilidad con los demás, para evitar que nuestros vulnerables se contagiasen. Tiempo después conocimos que las vacunas nunca fueron testadas para evitar las transmisiones, y que, de hecho, no lo hacían. Ha quedado ya demostrado que las personas que se inocularon no sólo se han contagiado, sino que según apuntan no pocos expertos, tendrían incluso más facilidad para contagiarse. Que eran seguras, tampoco es cierto. Se han registrado miles de efectos adversos, y entre ellos, no pocos, graves, muy graves y hasta mortales. Estos productos son, con diferencia, los que más efectos adversos están registrando, debido, principalmente al hecho de haberse aplicado de manera generalizada, sin actuar de manera individualizada ni conociendo los riesgos que podía suponer para cada persona en cada caso concreto. 

El trato que se está dando a quienes están sufriendo problemas que pudieran estar relacionados con estos productos experimentales es desolador. Por lo general, se niega la mayor, se obvia la posibilidad de una relación con las inoculaciones, no se informa a los pacientes del proceso de notificación de alerta ni se lleva a cabo un seguimiento pormenorizado que analice la causa de estos daños. Tampoco se está contando con estas personas para desarrollar estudios que puedan encontrar la manera de aliviar sus daños, de encontrar la forma de atenuar o eliminar la toxicidad que les está causando problemas. Se llega, incluso, al insulto, a la denigración de las personas afectadas, asegurándoles que lo que tienen es un problema de salud mental, y que por eso están teniendo, por ejemplo, problemas en su menstruación. Conozco varios casos de mujeres a las que se les ha pretendido derivar a atención psiquiátrica porque, tras dolores, sangrados fuera de lo normal, bultos en los pechos, o cuadros similares después de las inoculaciones, se les ha señalado que todo esto era fruto de su miedo a las vacunas, causado por los "negacionistas" y que lo que necesitaban era atención psicológica o incluso psiquiátrica. Estudios han demostrado después que más de la mitad de las mujeres han sufrido algún tipo de trastorno relacionado con su menstruación tras las inyecciones. Queda por estudiar el efecto de estos productos en la fertilidad, aunque ya hay investigadores que han desvelado los problemas que tuvieron las farmacéuticas en sus primeros ensayos al inocular a mujeres gestantes. Pero de esto, tampoco interesa ni conviene hablar. 

Podría seguir relatando experiencias, una a una, de personas, familias y casos particulares en los que coinciden los efectos y por desgracia también, el trato recibido. Tanto en España como en distintos países. Pero ante la cantidad de personas que se están viendo afectadas, poco a poco vamos encontrando gestos, como el del ministro de sanidad alemán, que reconoció hace poco que había hecho afirmaciones públicas que no eran ciertas sobre lo maravillosas que eran estas inoculaciones, y ha reconocido también que es necesario que el gobierno aborde y ponga en marcha programas específicos para ayudar a las personas afectadas por estas inoculaciones, así como activar estudios para tratar de paliar los daños en su salud. 

Afectados por estos tratamientos, como decía el manifiesto del día de ayer, somos todos. Independientemente de si nos hemos inoculado o no, porque la presión, el engaño y las consecuencias, finalmente, nos deben preocupar y ocupar a todos. 

Afectados por estos tratamientos, como decía el manifiesto del día de ayer, somos todos. Independientemente de si nos hemos inoculado o no, porque la presión, el engaño y las consecuencias, finalmente, nos deben preocupar y ocupar a todos. Es posible que amigos, familiares, vecinos, conocidos, estén sufriendo algún tipo de problema y no podemos dejarles solos. 

Pero hay algo más por lo que considero que afectados de estas vacunas somos todos. Más allá de los efectos adversos, de la salud rota y de las vidas truncadas. Y en este sentido, puedo asegurar que lo somos porque la compra de estos productos se ha llevado a cabo con nuestros impuestos. Con dinero público. Y hablo de que somos afectados porque se ha decidido destinar miles de millones de euros a comprar unos productos que no eran lo que nos prometieron; que además, se adquirieron sin transparencia, sin cumplir con las reglas establecidas. Por eso, esta semana se han presentado una serie de denuncias contra la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen y contra la Comisaria de Salud, Stella Kyriakides por la posible comisión de delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, destrucción de documentos públicos y corrupción de personas que ocupan cargos públicos en el marco de la adquisición de las vacunas contra el Covid-19.  

La denuncia principal se fundamenta en el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que fue publicado el pasado mes de septiembre, donde se explica, punto por punto, cada irregularidad cometida por la Comisión ante la compra de estos productos. Han sido ya varios los eurodiputados, médicos y abogados que han considerado estos hechos como el mayor escándalo de corrupción de la historia. La Asociación Liberum ha presentado las señaladas denuncias y consideran que la desproporción encontrada ante el pago millonario es "estratosférica". La Asociación ha cruzado los datos del ECDC (Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades) y el informe del Tribunal de Cuentas y considera que hay un exceso de  1.714.896.270 dosis y 25.723.444.050 euros que pagaremos todos los ciudadanos europeos. 

He entrevistado al abogado, Luis María Pardo, que nos ha contado los detalles de las denuncias, y coincido con él en que esta cuestión, que ha sido prácticamente inexistente para los principales medios de comunicación (que comparten accionistas con las farmacéuticas en cuestión), nos afecta a todos.

El abuso cometido por parte de la industria farmacéutica ha supuesto que, por ejemplo, países como Polonia, Bulgaria, Lituania y Hungría, hayan remitido una carta a Pfizer para ajustar los términos del contrato y tratar de solucionar lo que es ya un problema: como en España, estos países tienen cientos de miles de dosis de las "vacunas" que no se van a administrar, porque han caducado, y porque en otros países no las quieren. Tendrán que tirarlas, literalmente, a la basura. Pero por si esto no fuera ya un suficiente fracaso (puesto que esos viales han sido pagados y han costado miles de millones de euros de los contribuyentes), el problema que se presenta ahora es la adquisición de más dosis durante los próximos años. Ya están comprometidas estas compras y la compañía ha ofrecido reducir el coste por dosis, y no entregarlas para no tenerlas que tirar. O sea, que se estaría pagando por un producto que ya no se va a producir. El cabreo de estos países es monumental, y han dirigido ya cartas en las que señalan a la compañía sin tapujos, de estar únicamente interesada en obtener beneficios económicos y no en la salud de las personas. 

Hablamos, en definitiva, de que con el miedo, la desinformación (promovida, sobre todo, desde instituciones y medios de comunicación generalistas) y la presión continua, se ha empujado a la sociedad a tragar con decisiones que han ido contra su salud, su seguridad, su vida, y contra el erario público. ¿No hablamos en este caso de malversación cuando se ha decidido inyectar miles de millones de dinero público a compañías privadas, sin transparencia, sin seguridad y sin garantías? A cualquiera que apueste por defender un Estado de Derecho, una Unión Europea transparente y justa, debería, por lo menos, preocuparle todo lo que aquí se ha hecho, puesto que se han sentado una serie de precedentes por la vía de los hechos consumados. Y esto, al obtener nula resistencia por la mayoría social, absolutamente bloqueada por el terror, sometida a los dictados de los intereses de la industria farmacéutica, ha servido para poner en marcha una modificación de las normas del juego que acaba de ser presentada en las instituciones europeas. 

Cuando te engañan una vez, no es culpa tuya. Pero cuando intenten hacerlo una segunda vez, sí. Y ya están en ello.