Los franquistas vuelven. Y vuelven con ganas de reescribir la historia de España. El mejor ejemplo es lo que ocurrió el pasado martes en el Senado. La Mesa de la cámara alta, dominada por la coalición del 155 con la incrustación de Imanol Landa, del PNV, impidió que se registrase una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, sobre el Valle de los Caídos al entender que llamar “genocida” al dictador Francisco Franco, como se había escrito en la pregunta, suponía una “falta de respeto”. Por eso la Mesa solicitó al senador valenciano que “reformulase” la petición para ser aprobada. ¡Increíble! El Régimen del 78 sigue con los vicios de siempre: confunde el consenso con el blanqueo del franquismo.
Mulet había escrito en su petición que el gobierno actual no debería acarrear “con las hipotecas normativas de un régimen genocida e ilegal”, refiriéndose a la necesidad de derogar el decreto ley de 1957 “que atribuyó la titularidad y administración del lugar a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo Patronato y representación correspondían al jefe del Estado”. Lo raro es que eso aún fuera así al cabo de cuarenta y un años de régimen constitucional. Si en los juzgados de lo mercantil se condena a aquellas empresas que intentan eludir la subrogación de los empleados porque supuestamente cambian de titularidad o simplemente de nombre, el Régimen del 78 es una estafa total puesto que se construyó sobre una arquitectura jurídica básicamente franquista. Estamos, pues, constreñidos por una Constitución envejecida y unas leyes obsoletas.
Me decía el otro día Álvaro de Soto, el avispado subsecretario general de las Naciones Unidas con Javier Pérez de Cuéllar —¡quien sigue vivo a sus 100 años!—, que en todos los conflictos donde él fue requerido como mediador —¡y fueron muchos!— lo más difícil era manejarse con la memoria histórica. Sin reparación no es posible la conciliación de verdades. La superioridad casi racial de los españoles les impide reconocer que la Transición española no fue ningún modelo, pues los defectos fueron tantos y los condicionantes tan antidemocráticos, que no se dan cuenta de la reactivación de los partidarios de la dictadura con la misma fuerza que en los antiguos países del este crece la nostalgia totalitaria. La admiración acrítica de la transición es una de esas memeces que tanto gustan a los antiguos diputados, senadores y periodistas que frecuentaban el Palace, en especial la noche del 23-F.
La superioridad casi racial de los españoles les impide reconocer que la Transición española no fue ningún modelo, pues los defectos fueron tantos y los condicionantes tan antidemocráticos, que no se dan cuenta de la reactivación de los partidarios de la dictadura
Franco murió en la cama, pero no me cabe ninguna duda que los franquistas que siguieron agazapados en el Estado lo congelaron como a Walt Disney para resucitarlo cuando pudieran. Llegó la hora, después de unos cuantos años de disimulo. Lo incomprensible es que lo que ha ocurrido en el Senado se dé bajo la presidencia de la socialista María Pilar Llop y la veterana Cristina Narbona, quien en otros tiempos era la “luz de Trento y martillo de herejes” del PSOE y hoy es una mansa vicepresidenta de una Mesa que permite el revisionismo del franquismo que impulsan desde tiempo atrás los hijos y nietos de los antiguos gerifaltes franquistas que viven incrustados como sus ancestros en las vísceras del Estado. ¿Fue el franquismo un régimen genocida? ¡Pues claro que sí! Solo lo ponen en duda sus herederos amparándose en que durante la guerra hubo matanzas en la retaguardia republicana. Un sinsentido.
A quienes niegan el carácter genocida de Franco les recomendaría la lectura de un libro excepcional, Calle Este-Oeste. Sobre los orígenes de “genocidio” y “crímenes contra la humanidad” (Anagrama), de Philippe Sands, que cuenta de una forma nueva y rigurosa la mayor tragedia del siglo XX, el Holocausto, conectado muy hábilmente su historia familiar y la ciudad de Lemberg —hoy Lviv, desde que pertenece a Ucrania— con la evolución del derecho internacional a partir de los dos juristas que definieron los delitos relativos a los “crímenes contra la humanidad” (Hersch Lauterpacht) y al “genocidio” (Raphael Lemkin) para calificar el comportamiento de los nazis. Lo consiguieron y de esa forma pudieron condenar a un tercer jurista, Hans Frank, que fue uno de los cerebros legales al servicio de Hitler que orquestaron la batería de disposiciones con que se articuló su dictadura y también la Solución Final. El concepto de “genocidio” viene definido por el objetivo de señalar, perseguir, humillar, encarcelar y asesinar a un grupo entero por razones étnicas, raciales o ideológicas. A eso recurrió el historiador Ben Kiernan cuando describió en su libro The Pol Pot Regime: Race, Power and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-1979 (1996) el genocidio perpetrado por los Jemeres Rojos en Camboya. Josep Benet, quien también era jurista, recurrió al concepto de Lemkin para escribir su denuncia sobre L’intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya (1995). Que el franquismo no lograse acabar con la lengua y la cultura catalanas no es excusa para olvidarse de esa intentona genocida.
Los franquistas desacomplejados tienen hoy quien les defiende en las Cortes españolas. Vox es un partido surgido de la fusión de antiguos militantes del PP, Fuerza Nueva, Cs, PxC y dominado por abogados del Estado, registradores de la propiedad y otros funcionarios de alto rango, como supongo debe ser el letrado que quiere obligar al senador Mulet a respetar a Franco. Su objetivo es acabar con la democracia para volver a lo de antes, a 1940, cuando el régimen franquista creó el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pol Pol en plan fascista. Ante una amenaza como esa, a Gabriel Rufián solo se le ocurre invitar a su programa de TV (una imitación vulgar de La Tuerka de Pablo Iglesias) a Xavier García Albiol, que cuando era alcalde de Badalona quería deportar a los gitanos, y a Arcadi Espada, que escupe tanto odio que no tiene nada que envidiar a los que en Núremberg fueron condenados precisamente por el odio cerval que sentían contra los judíos. A los franquistas, aunque sean catalanes, en vez de hacerles propaganda se les combate y castiga como a los policías judíos del gueto de Varsovia. La existencia de presos y exiliados independentistas demuestra que ellos —los que respetan a Franco— actúan sin contemplaciones contra los demócratas. Háganle caso a la representante del gobierno suizo que ayer recriminó a España en la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas la ley mordaza y que haya impuesto restricciones a la libertad de expresión, además de recordarle el deber todavía pendiente de reparar a las víctimas del franquismo. Turquía en el horizonte.