Antes de empezar, querría manifestar mi solidaridad con Pau Juvillà, que esta semana ha anunciado que padece un cáncer y que por eso interrumpe su actividad política. ¡Viva la vida, Pau! Todos los que nos hemos visto obligados a superar este trance sabemos el precio que tiene.

Mientras el Congreso español votará hoy si convalida o no la contrarreforma laboral promovida por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, el Parlamento catalán, a propuesta de los partidos del 52%, para su actividad por el acoso de la JEC a Pau Juvillà. Las dos circunstancias afectan gravemente a los derechos de las personas. Derechos sociales y derechos políticos, pero, al fin, derechos regulados por unas normas y, sobre todo, por unas actitudes. La contrarreforma de la reforma laboral ha provocado, por lo menos eso es lo que parece a estas alturas, que se divida el bloque parlamentario (con derechas e izquierdas) que invistió a Pedro Sánchez. El Gobierno ha negociado la contrarreforma con la patronal y los dos sindicatos del régimen y, cuando el pacto ya estuvo firmado, presentó el resultado a sus aliados políticos. O lo tomas o lo dejas, sencillamente. Yolanda Díaz ha reclamado los votos de PNB, ERC y EH Bildu, entre otras fuerzas políticas, sin ofrecer nada a cambio. Puesto que el Gobierno a menudo ha triunfado cuando ha actuado así en otras cuestiones, quizás esta vez estaba convencido de que ocurriría lo mismo.

Esta contrarreforma laboral es un flagrante incumplimiento del acuerdo de la coalición gobernante para investir a Sánchez. El pacto preveía que el nuevo gobierno derogaría la reforma aprobada en 2012 por el gobierno del PP. No lo ha hecho. Una contrarreforma de la reforma es insuficiente. Para empezar, porque no recupera los instrumentos para evitar los despidos improcedentes. La Intersindical, el sindicato en el que estoy afiliado, lo ha denunciado en un comunicado. Expone que la contrarreforma de la reforma no evita que la patronal pueda seguir utilizando esa normativa para despedir a los trabajadores de forma unilateral, sin ninguna garantía y con un coste por despido muy bajo, puesto que tampoco se recuperan los cuarenta y cinco días de indemnización por año trabajado. Es más, desde una perspectiva catalana, establece la prevalencia de los convenios estatales por encima de los autonómicos “y esto dará lugar —sigue el comunicado— a la precarización, porque cualquier negociación colectiva hecha aquí será papel mojado si se aplican convenios estatales que puedan empeorar las condiciones laborales”. Solo por eso cualquier partido catalán, sea de derechas o de izquierdas, debería votar en contra de esta contrarreforma laboral.

Las maniobras de Borràs para defender el escaño de Juvillà provocan que Esquerra vaya a remolque de una estrategia que, en realidad, no comparte

La votación en el Congreso de hoy condicionará la segunda parte de la legislatura española y, sobre todo, los acuerdos entre Esquerra y el PSOE. A pesar de la buena voluntad de los republicanos, los lilas no se lo han puesto fácil. Muy a menudo despotricamos de las exiguas habilidades negociadoras de los políticos catalanes, y, aun así, los españoles no son mucho más hábiles. El intento de Yolanda Díaz de obtener un provecho partidista con esta contrarreforma es evidente. Y cuando un político exclusivamente piensa en sí mismo y no en las circunstancias que rodean una votación, es que vive enjaulado dentro de la rueda del hámster. Esquerra encuentra muchos obstáculos en Catalunya para demostrar que su estrategia de diálogo sirve de algo. Pedro Sánchez ha toreado a los republicanos con la mesa de diálogo, que ha dejado de ser una prioridad para el PSOE y Unidas Podemos. Pero es que, además, Esquerra ha podido constatar que en Catalunya el conseller de Junts más activo, Jaume Giró, podía pactar con los comuns, con valentía y sin que se le cayesen los anillos, el presupuesto de la Generalitat y la ley de acompañamiento, la ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público. Junts, a pesar de ser un partido desorganizado y muy mal dirigido, tiene políticos con olfato que pueden poner en dificultades a los republicanos y deshacer a su favor el empate técnico actual. El empate electoral, digo. Solo sería necesario que fueran más claros para conseguir que llegara a la gente qué hacen, por qué lo hacen y qué sentido tienen algunas actitudes.

En un debate televisivo de anteayer me di cuenta de hasta qué punto los republicanos están de los nervios con Laura Borràs y con el plan diseñado por la presidenta del Parlament para defender el escaño de Pau Juvillà. Estaba yo exponiendo la idea que había escrito en mi columna del lunes sobre que el objetivo de la JEC es obtener la inhabilitación, no únicamente de Juvillà, sino de la propia Borràs, cuando un tertuliano próximo a Esquerra saltó como si tuviera un muelle en el culo. Me sorprendió. Me costó entender el porqué de los aspavientos de alguien que, en principio, debería saber que la represión española no tiene límite. Detecté que lo que molestaba a mi contertuliano era que yo hubiera dicho que la decisión del anterior presidente del Parlament de obedecer a la JEC y retirar el escaño al president Torra no había evitado que lo persiguieran posteriormente. Al cabo de poco, el TSJC citó a Roger Torrent como investigado por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por haber permitido un debate parlamentario sobre la autodeterminación. Además, el acatamiento de Torrent de la orden de la JEC sin el apoyo de una resolución del pleno es lo que abrió la puerta al desaguisado actual, como ya detallé en otro artículo. Este fue el argumento que finalmente utilizaron los tribunales para ratificar la retirada del escaño a un electo. Lo que yo estaba diciendo no pretendía ser un reproche, sino que quería demostrar que adoptar decisiones equivocadas produce consecuencias nefastas. Borràs bascula entre la voluntad manifiesta de no seguir la vía Torrent y evitar caer en la ingenuidad del president Torra. Muchos querrían que sucumbiese en el intento.

Cuando un partido tiene todas las de ganar, pero no obtiene ningún rédito objetivable, es que tiene un problema. En Madrid, Esquerra está acorralada, porque el Gobierno sabe que su margen de negociación es escaso. Como se verá hoy, si finalmente Esquerra no cede al chantaje, los de Unidas Podemos tendrán tan pocos escrúpulos como los comuns, que llegaron a la alcaldía de Barcelona de la mano de la derecha y el españolismo. Aprobarán la contrarreforma laboral, si hace falta, con los votos de Ciudadanos. En Barcelona, las maniobras de Borràs para defender el escaño de Juvillà provocan que Esquerra vaya a remolque de una estrategia que, en realidad, no comparte. Esquerra tiene la presidencia de la Generalitat y se pasea desnuda. Teniendo un diputado más que Junts anda con una mano delante y otra detrás. En Madrid y en Barcelona.