Debería ser un escándalo mayúsculo y no lo es. La exlíder del PP en Catalunya y actual senadora, Alicia Sánchez-Camacho, en 2012 facilitó al comisario José Manuel Villarejo una lista de personas a quienes se tenía que investigar en el marco de la llamada Operación Catalunya dedicada a combatir el incipiente movimiento soberanista. Según Sánchez-Camacho, debían ser investigados “sobre todo” el entonces director de la Fundación la Caixa y ahora conseller de Economia, Jaume Giró, el empresario Carles Sumarroca, el “doble espía” Enrique Lacalle, el editor de este diario, si bien entonces era director de La Vanguardia, José Antich, Oriol Pujol, Josep Antoni Duran i Lleida y Artur Mas, de quien llegó a dar el teléfono. Algunos de los nombres que indicó Sánchez-Camacho sorprenden porque no solo no son soberanistas, y todavía menos independentistas, sino que finalmente se han manifestado contrarios a la independencia. Dejando a un lado la extravagancia de considerar que el dirigente del PP Enrique Lacalle sea un “agente doble”, Duran i Lleida es el ejemplo más claro de esta absurdidad.

Los audios de la conversación entre Camacho y Villarejo que reveló Quico Sallés en El Món demuestran hasta qué punto defender determinadas ideas políticas puede llevar al delirio. Las malas ideologías crean monstruos. En julio de 2010, Sánchez-Camacho ya fue protagonista de otro caso de espionaje, el de La Camarga, junto a José Zaragoza, el diputado socialista y más cosas (que se dijo que tenía una relación íntima con la diputada del PP). Se trataba de mezclar la corrupción con el nacionalismo catalán. Victoria Álvarez, la novia despechada del hijo mayor de los Pujol, fue el vehículo. Todo aquello acabó en nada. Si bien Zaragoza dimitió como diputado, a los pocos años, mira por dónde, volvió y actualmente es diputado del PSC-PSOE en Madrid. Con la excusa de la corrupción, mezclada con el enfermizo antipujolismo del PP y del PSC, personajes como Sánchez-Camacho y Pepe Zaragoza, el “hijoputismo histórico”, como denominaba Joan Sales a este tipo de gente, se han dedicado a minar la democracia y el estado de derecho en Catalunya.

La guerra sucia de Sánchez-Camacho ha alimentado a la extrema derecha con la complicidad de la izquierda unionista que también la promovió

En la España constitucional la guerra sucia es una constante. Unas veces se justifica para estrangular el independentismo y otras para combatir el terrorismo. El constitucionalismo español es como uno de esos coches que siempre se estropean porque el defecto es de fábrica. El periodista Xavier Vinader, fallecido en abril de 2015, fue el primero en poner de manifiesto la cara oscura de la Transición mediante unas investigaciones que le costaron muy caras. Xavier Montanyà explicó esas peripecias en El cas Vinader. El periodisme contra la guerra bruta (Pòrtic, 2015). Vinader fue, también, el primer exiliado de la “democracia” española: se exilió en 1981 y no volvió a Catalunya hasta 1984, donde fue detenido. Pasó tres meses en la cárcel de Carabanchel y fue indultado. La Audiencia Nacional lo había condenado por “imprudencia temeraria en el ejercicio del periodismo” por haber osado destapar la trama de la extrema derecha que, con la excusa de combatir el terrorismo de ETA, también practicaba el terrorismo y se enriquecía a manos llenas. La ironía de todo esto es que Vinader fuera indultado por el mismo gobierno socialista que desde 1983 había puesto en marcha un grupo terrorista parapolicial tristemente famoso: los GAL. El proceso judicial posterior, más los informes de la CIA, parece que han dejado claro que Felipe González y el rey emérito, Juan Carlos I, serían los máximos responsables, por activa o por pasiva, de la trama de los GAL y sus crímenes. A pesar de que ya sabemos quién era —o, mejor dicho, quiénes eran— el señor X, constatarlo tampoco provocó una regeneración a fondo del régimen del 78. Al contrario. Felipe González todavía pretende dar lecciones de ética política y el rey emérito sigue haciendo de las suyas y por lo que parece saldará su deuda sin castigo con el aval de los partidos dinásticos. En la biografía que María del Olmo ha dedicado a quien fuera consejero del gobierno vasco y diputado en el Congreso, Joseba Azkarraga, la libertad y los derechos humanos como objetivo (Tirant Humanidades, 2.ª ed. corregida 2022), se aportan evidencias de cómo el PSOE y sus adláteres persiguieron a quienes se atrevieron a denunciar la trama de los GAL.

Pia Lamberty es una psicóloga social alemana que ha estudiado la relación entre las teorías de la conspiración y la extrema derecha. Afirma que los extremismos difunden rumores, en especial, a través de las redes sociales con el argumento de que una persona o un grupo de personas trabajan en secreto para destruir el mundo o... España, si hablamos de la “coalición” unionista que se aglutina tras la Operación Catalunya o del Catalangate. El extremismo también se caracteriza, según Lamberty, por seguir una estrategia de acoso, acompañado de violencia verbal, contra personas o contra un colectivo entero para destruir el prestigio y provocar así la condena social. La técnica la ha usado el comisario Villarejo tantas veces como ha querido y la prensa ha reproducido sus manipulaciones sin ningún tipo de verificación. Por ejemplo, estuvo detrás de la conspiración que acabó con la destrucción, el 10 de marzo de 2015, de la Banca Privada de Andorra (BPA) y del Banco Madrid (BM), entidades financieras cuyo accionista de referencia era la familia andorrana Cierco.

Haciéndose pasar por periodista, Villarejo engañó a Victoria Álvarez para que presentara la primera denuncia contra Jordi Pujol Ferrusola. También consiguió que Javier de la Rosa destapara los negocios de la familia Pujol. Sánchez-Camacho se apuntó a la fiesta porque quería hacer puntos ante la “jefa”, que es como ella denominaba a María Dolores de Cospedal, que en aquel tiempo era la secretaria general del PP. No sé si entonces la pepera catalana sabía que el primogénito de los Pujol había sido socio de Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, en algunos negocios en América Latina y África, a través de la sociedad Ibadesa Cataluña. La corrupción intrínseca del régimen del 78 conlleva estos maridajes tan sorprendentes, aunque no evita que una parte reciba el apoyo del sistema para salvarse y la otra sea condenada para desprestigiar una causa. ¡La mentira, la violencia, el asesinato... todo por España!

Cuanto más cosas sabemos de la Operación Catalunya, más tendríamos que indignarnos por la degeneración política del PP y el PSOE, que, por otro lado, solo tiene como alternativa a los dos populismos extremos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Los que tendrían que indignarse más ante la Operación Catalunya, curiosamente, no lo han hecho ni lo harán. Unos porque se sienten culpables y han decidido callar y cobrar. Los otros porque, mezclando las cosas, la corrupción con la ideología, se han beneficiado políticamente de las ilegalidades y de las falsedades contra personas del entorno soberanista que no tenían nada que ver con las corruptelas pujolistas. ¿Quién no recuerda la campaña contra el alcalde Trias y la elección de Ada Colau como alcaldesa con los votos de Manuel Valls? Valls es el típico político transformista que cualquier día se aliará con Marine Le Pen. Es igual que Toni Cantó, pero más listo y con acento francés. En Catalunya el unionismo no ha tenido ningún problema por manifestarse de la mano de Vox. La guerra sucia de Sánchez-Camacho ha alimentado a la extrema derecha con la complicidad de la izquierda unionista que también la promovió. La selfi en la manifestación de Sociedad Civil Catalana de 2017 en la que Miquel Iceta sale rodeado por los dirigentes del PP Enric Millo, Andrea Levy, Dolors Montserrat, Alicia Sánchez-Camacho y Xavier García Albiol, y del diputado leridano de Ciudadanos Jorge Soler, es la mejor prueba de ello. La mafia unionista.