El Tribunal de Luxemburgo sentenciará hoy el caso de Oriol Junqueras, con lo que establecerá jurisprudencia para Carles Puigdemont y Toni Comín y también para Clara Ponsatí, si es que finalmente se convierte en eurodiputada. No sé cuál será la decisión, pero si, como apuntan los expertos, Junqueras tiene inmunidad, el gobierno español tendrá un problema. O no, porque la justicia en España se reparte a la carta. España está al margen de las coordenadas normales de los estados democráticos. Además, la justicia y el TC están tan politizados, que tres magistrados del TC, del sector progresista —ahora al servicio del PSOE, supongo—, el pasado martes emitieron un voto particular donde manifestaban que el juez instructor de la causa contra los independentistas catalanes, Pablo Llarena, y la sala de recursos del Tribunal Supremo vulneraron los derechos políticos del exvicepresident Junqueras al mantenerlo en prisión provisional cuando fue candidato de ERC en las elecciones catalanas del 21-D de 2017, convocadas por el presidente Rajoy, y después al ser elegido diputado en el Parlamento. El TC ha tardado dos años en resolver el caso, mientras que para anular las resoluciones del Parlamento les basta con 24 horas. Aunque ahora se diga que con el PSOE todo irá mejor, la realidad es que jueces y magistrados, progresistas o conservadores, han puesto empeño en perseguir al independentismo y no emiten señal alguna de enmienda.
La incongruencia de la justicia española es tan palpable, que produce escalofríos. En España, los violadores del Arandina se pasean libremente por la calle, una vez condenados, mientras que Sandro Rosell se pasó dos años en prisión preventiva sin ningún motivo. Pero lo más alucinante es que una parte de los ciudadanos de Aranda del Duero se cree la versión de los futbolistas violadores, tanto como los andaluces que gritaban “a por ellos” para aupar a los guardias civiles destinados en Catalunya creyeron que celebrar un referéndum —aunque fuera ilegal, ¿eh?— era un delito más grave que asesinar a alguien. Puesto que en España la Ilustración fracasó y el pensamiento de Locke y Montesquieu llegó arrastrándose en el último tercio del siglo XX, disminuido y administrado por unas élites con raíces franquistas, la mentalidad de la gente normal y corriente se corresponde a la mentalidad de los gobernantes (des)ilustrados. Iñaki Urdangarin sale de la cárcel —donde vive en unas condiciones muy especiales y cómodas— para pasar las Navidades en casa, mientras que los presos políticos catalanes pasarán fiestas encerrados bajo siete llaves. Está claro que ello también es debido a la complicidad de las autoridades catalanas, que actúan atemorizadas, con la represión. Es la misma conducta que aplican con las denuncias que interponen los Mossos d'Esquadra por desórdenes públicos —lo que no habían hecho nunca antes de que el CNP y la Guardia Civil rondaran por los pasillos de Interior— contra los independentistas. Los responsables políticos catalanes de este despropósito tienen nombres y apellidos y los conocemos todos. Incluso yo estoy cansado de repetir que los departamentos de Justícia (ERC) e Interior (JxCat) se comportan como lacayos ante el enemigo por miedo, para preservarse personalmente.
Esconderse tras la supuesta independencia de la justicia para no hacer nada es la excusa de un tramposo
Del mismo modo que las negociaciones entre ERC y PSOE tienen una agenda oculta que provocaría el colapso de los independentistas si llegaran a conocer su contenido, la justicia española va marchando para liquidar al independentismo. Un día es el Tribunal de Cuentas y al día siguiente es el Tribunal Supremo. Los fiscales no paran quietos. Así no se puede llevar a ninguna parte. Si en los procesos de paz lo primero que se exige es que los terroristas declaren una tregua, en los conflictos pacíficos como el nuestro, lo primero que hay que reclamar es que el Estado cese en la persecución de los políticos y los activistas. Uno de los negociadores de ERC —Josep Maria Jové— sabe perfectamente de qué estoy hablando, porque mientras el juzgado número 13 parece que sea condescendiente con él y con los otros encausados, el Tribunal de Cuentas sigue buscándole las cosquillas. Quizás no le juzgarán pero intentarán arruinarlo. Pedro Sánchez puede tomar medidas concretas para demostrar que está dispuesto a empezar a resolver el problema. Y de momento no ha anunciado ninguna. Hablar de lluvia de millones o de reunir a los presidentes autonómicos es, simplemente, insultante. El peix al cove solo lo desean los vividores; los independentistas desean la libertad y poder ejercer el derecho a decidir, la autodeterminación, sin presos ni represión. Ningún acuerdo tendrá sentido si no aporta una solución democrática al conflicto.
Esconderse tras la supuesta independencia de la justicia para no hacer nada es la excusa de un tramposo. Es evidente que si Pedro Sánchez quiere resolver el conflicto político más importante de los últimos años, lo primero que tiene que solucionar es la cuestión de los presos. La ministra laboralista británica Mo Mowlan se plantó en la prisión de Maze mucho antes de que los republicanos irlandeses hubieran decidido acabar con la violencia. La osadía de esa mujer favoreció el cambio de clima político. Pedro Sánchez lo tiene más fácil, porque, a pesar de las sandeces que difunde Cayetana Álvarez de Toledo, el conflicto catalán es plenamente democrático y se puede acabar con mucho menos dramatismo. La libertad de los presos y el retorno de los exiliados es un punto de partida imprescindible, y se tiene que estudiar cómo hacerlo posible. Como ha señalado la consellera Clara Ponsatí en una entrevista reciente: “Se pueden hacer muchas cosas, porque está claro que la represión no ha terminado y sigue, y los socialistas no están haciendo nada para acabar con ella; más bien al contrario”. La negociación tiene que ser esta y estaría bien que ERC no intentara maquillar sus concesiones con una ridícula polémica sobre los impuestos. El margen autonómico para subirlos es tan pequeño, que la subida no la notará nadie. No debemos engañarnos.