Si no fuera por las implicaciones humanas, económicas y sociales de sus decisiones, podríamos tomarnos a cachondeo la justicia española. No lo digo solo por la persecución chapucera y arbitraria contra los independentistas por parte de los jueces de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que actúan como si todavía fueran el TOP franquista, sino por el espectáculo que han ofrecido esta semana a raíz de la rectificación en 24 horas de una sentencia que beneficiaba a los hipotecados y perjudicaba a los bancos, prestadores de las hipotecas. El espectáculo fue lamentable. Pornográfico. El martes pasado, la sala tercera del Tribunal Supremo dictó una sentencia largamente esperada sobre quién tenía que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales en las operaciones hipotecarias. La sentencia modificaba la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo e interpretaba el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y concluía que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.

Era una gran victoria que, a pesar de que se preveía que tendría un coste de muchos millones de euros para los bancos, ponía a las entidades financieras en su sitio. Quizás es por eso, porque los bancos podían perder mucho dinero, que la decisión del tribunal no fue unánime. El voto discrepante fue una señal. El magistrado conservador Dimitry Berberoff emitió un voto particular que favorecía a los bancos. Berberoff es un aragonés de 48 años —cuyo abuelo era un coronel del ejército búlgaro que se exilió en Madrid cuando los comunistas de Gueorgui Dimitrov tomaron el poder en Bulgaria en 1946— que anteriormente fue magistrado de la sección contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y jefe del gabinete técnico del Tribunal Supremo. Es uno de los hombres de mayor confianza del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, el también conservador Carlos Lesmes. No es cualquier juez, por lo tanto. Berberoff fue uno de los cuatro protagonistas del intercambio de cromos del pasado mes de julio entre los grupos conservador y progresista de este órgano judicial con el que también se facilitó el nombramiento de Carmen Lamela —la jueza de la Audiencia que encarceló al Govern— como magistrada del Tribunal Supremo.

¿Tienen ustedes alguna duda sobre cuál será finalmente la decisión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas? Yo no

El voto particular de Berberoff no es intrascendente, pues, como tampoco lo es que la actual jefa de gabinete de Lesmes sea la fiscal Ana Murillo, esposa del vicepresidente del Banco Santander, José Manuel Cendoya. Las casualidades “políticas” no existen. Al cabo de tres días de que fuera hecha pública la sentencia favorable a los contribuyentes, el Tribunal Supremo decidió enmendarse —qué cosas, ¿verdad?, con los presos políticos no rectifican jamás la doctrina represora del sector duro del mismo tribunal— e impuso el cambio de rumbo para favorecer a la banca. El Supremo dictaminó entonces que paralizaba los recursos sobre el impuesto de las hipotecas hasta que el pleno de la sala tomara la decisión sobre si confirmaba o no la sentencia de la sala tercera. La presión de la banca, cuyo rescate ya costó muchos millones a los contribuyentes, es más atendida que el clamor de millones de personas que reclaman poder votar sobre su futuro o la libertad de los presos políticos injustamente encarcelados por los jueces de este tribunal.

¿Tienen ustedes alguna duda sobre cuál será finalmente esta decisión? Yo no. La justicia española está corrompida. Muy corrompida. La composición de las salas del tribunal Supremo ya no respeta ni siquiera la jerarquía ni el mérito. Los ascensos son resultado de las artimañas gremiales recubiertas con un supuesto equilibrio ideológico. La justicia española es injusta porque está profundamente viciada y los mecanismos de acceso a los puestos de gran responsabilidad son un camelo. El desenlace del proceso de confirmación del juez conservador Brett Kavanaugh para cubrir la vacante del Tribunal Supremo de los Estados Unidos demuestra que, a pesar del ruido mediático, a lo último las mayorías políticas, del Senado norteamericano en este caso, se imponen cuando se trata de nombrar a los jueces. Pero en EE.UU. por lo menos la gente tiene la oportunidad de radiografiar al personaje en cuestión. Durante las sesiones de la audiencia de confirmación de Kavanaugh, centenares de personas de todo el país se concentraron ante las puertas del Tribunal Supremo y del Congreso para reclamar que no se lo confirmara. Más de un millar de juristas y académicos, especialmente preocupados por el “mal temperamento” demostrado por este juez más que conservador, firmaron una carta publicada en The New York Times exigiendo al Senado que no le diera el plácet. Kavanaugh a la postre fue confirmado, pero ni uno solo de los ruidosos manifestantes que ocuparon incluso el Capitolio ha sido acusado de “rebelión” o de “sedición” por haber promovido actos tumultuosos.

Se oyen los tambores de rendición entre los neopujolistas de derechas e izquierdas

La justicia española está más que carcomida. Los magistrados actúan como la carcoma de la madera y excavan, despacio y a escondidas, oscuras galerías que destruyen la democracia en España. Una democracia que desde los tiempos de la transición ha estado controlada por el personal del franquismo, que se benefició del decreto de amnistía de 1977 tanto o más que los presos antifranquistas. La amnistía permitió que el personal de la dictadura continuara controlando el Estado. Y esto vale para los políticos, los militares y los magistrados franquistas. Puesto que Catalunya todavía pertenece a este Estado corrupto, lo que nos pesa a los independentistas demócratas, sufrimos los efectos negativos de un sistema judicial dominado por los herederos ideológicos de esa gente. El Estado está tan contaminado por el franquismo sociológico que incluso contamina a la parte contraria. Y el mejor ejemplo es el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, un viejo comunista que trepó en la carrera judicial sin inconvenientes bajo el franquismo. La semana pasada, Jiménez Villarejo presentó una denuncia contra el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, por un presunto delito de injurias y calumnias por lo que este dijo durante la ofrenda floral ante la tumba del president Companys sobre que, si España no fuera Estado miembro de la Unión Europea, “habría tenido la tentación de fusilar a los miembros del anterior Govern de la Generalitat”. Esta es la culminación del españolismo rampante de un magistrado comunista que, como hemos visto, no tiene ningún inconveniente en manifestarse con la extrema derecha para defender la unidad de España, emulando a los comunistas alemanes que en los años 30 se manifestaban junto a los nazis porque compartían un feroz antisemitismo.

Los antecedentes de cómo actúa la justicia en España no auguran nada bueno sobre cuál será la resolución del pleno de la sala del Tribunal Supremo ante la cuestión de las hipotecas. La decadencia del régimen del 78 es cada vez más evidente.  Poco a poco va quedando demostrado que el pacto de la transición fue un pacto de rendición total porque decidió no castigar los crímenes de los antepasados de quienes hoy imparten “justicia”. Ahora también surgen voces que piden repetir las genuflexiones de entonces, a pesar de las evidencias de que se está alterando la democracia, para aceptar sumisamente este ADN español autoritario. Se oyen los tambores de rendición entre los neopujolistas de derechas e izquierdas. La causa democrática no se merece ni a los jueces que padecemos ni a estos líderes políticos y de opinión que condujeron a la gente hacia las rocas y que, sin embargo, en los actuales momentos de desconcierto achacan a los que no se quieren doblegar a los efectos negativos de una indefensión jurídica que en España es evidente en cualquier ámbito de la vida. El Estado nos roba y no solo porque fomente un déficit fiscal crónico con Catalunya. Nos roba porque está al servicio de los poderosos. Otra prueba más de por qué es necesario que Catalunya se separe de España. Rousseau advertía a los que luchaban contra la opresión que la libertad política es el complemento necesario de la sensibilidad moral, que es lo que nos hace humanos, y que solo se puede ser libre de verdad si todo el mundo cumple este contrato con la moralidad. Cuando la justicia es arbitraria, entonces ya no es justicia. Es una inmoralidad.