PP, PSOE (incluyendo al PSC) y Cs están acabando de acordar cómo implantar la dictadura en Catalunya. Hoy sábado lo va a ratificar un Consejo de Ministros extraordinario. Con una aparente cobertura legal —y es que todas las dictaduras se fundamentan en leyes—, los partidos del Régimen del 78 pretenden modificar la mayoría parlamentaria de Catalunya. Porque la cuestión es esa. No les basta con recurrir permanentemente a los tribunales con la intención de menoscabar los derechos democráticos, perseguir personas y destruir el autogobierno. Van a dar un paso más para sustituir un gobierno legítimo, elegido democráticamente, por una pandilla de subsecretarios dirigidos desde los ministerios de Madrid. Lo que no han ganado en las urnas, que es la mayoría social y política, ahora lo quieren ganar en los despachos.
Miquel Iceta, que es uno de los políticos más cínicos que existe en este país, a pesar de que todo el mundo le loe, y de quien se desconoce que haya aportado jamás alguna una solución a problemas reales, incluidos los de su partido, se quejaba de la dinámica parlamentaria de las sesiones de los días 6 y 8 de septiembre durante las que se aprobaron las leyes del Referéndum y de Transitoriedad. Mejor o peor, esas leyes se aprobaron en un parlamento, que seguramente él considera de segunda división pero que sin embargo representa la voluntad electoral de los catalanes. Coscubiela, el líder de CSQP, alborotó la sesión con aspavientos de todo tipo, aunque supongo que hoy, visto lo que ha pasado desde entonces, debe estar tragándose la exageración de sus palabras. La democracia en Catalunya está siendo violentada por la coalición a la que le sienta bien denominarla botiflera. En todas las derrotas nacionales de Catalunya ha habido catalanes que han colaborado con los represores. Pasó en 1640, pasó en 1714, y pasó, también, en 1939. Catalunya ha perdido a menudo su libertad con la colaboración entusiasta de los catalanes unionistas. No es que haya buenos o malos catalanes, que es como explican este fenómeno los tontos, sino que, como en la Francia de la Segunda Guerra Mundial, hay catalanes demócratas y hay que no lo son, que es la misma distancia que separaba al mariscal Pétain del general De Gaulle.
Es un error haber paralizado el Parlament, porque es desde la tribuna de oradores desde donde se debe combatir la instauración de la dictadura que están ayudando a implantar en Catalunya las fuerzas minoritarias de la cámara
A veces se quiere sustituir la democracia por la demoscopia, apelando así a supuestas mayorías silenciosas o bien sustituyendo una mayoría parlamentaria por la movilización permanente de la gente. Por la opinión pública. Una manifestación, o dos, o tres, por multitudinarias que sean, no pueden reemplazar la representatividad de los diputados y diputadas. Es por eso que creo que el Parlament de Catalunya tendría que tener hoy más actividad que nunca. Es un error haber paralizado el Parlament, porque es desde la tribuna de oradores desde donde se debe combatir la instauración de la dictadura que están ayudando a implantar en Catalunya las fuerzas minoritarias de la cámara. Las últimas elecciones dieron la mayoría a Junts pel Sí y la CUP y no a la nueva coalición botiflera. Por lo tanto, es en el Parlament donde también hay que dar la cara. Es allí donde se puede desenmascarar a los cínicos y desnudar a los que apoyan la represión con la conculcación de los derechos civiles y humanos de los soberanistas.
Es necesario que los políticos hagan su trabajo para que no se debilite la resistencia de la gente en la calle
Ayer, el gobierno de Mariano Rajoy acordó impugnar ante el Tribunal Constitucional el acuerdo de la Generalitat para la creación de la Comisión sobre violación de derechos fundamentales por las cargas policiales durante la jornada del referéndum del 1-O. Según el gobierno español, la comisión busca las omisiones y vulneraciones de derechos fundamentales por parte del Estado, la Fiscalía, el Poder Judicial y las fuerzas de Seguridad, y “produce una serie de situaciones de inconstitucionalidad” que vulneran las competencias del Estado sobre administración de justicia y legislación procesal, además violar la presunción de inocencia y la garantía del derecho al honor. Según Méndez de Vigo, la impugnación también se basa en el hecho que la comisión no prevea trasladar sus resultados a los órganos judiciales y pretenda atribuir a la Generalitat un poder para investigar sin “tener en cuenta el Poder Judicial”. Literatura legalista para combatir la difusión de lo que todo el mundo ha podido ver. Y aun así, mi opinión es que esta comisión debería haber sido propuesta por el Parlament.
La única manera de combatir el delirio dictatorial que perturba a los socialistas (con el voto favorable, supongo, del expresidente José Montilla), a los conservadores y a la extrema derecha liberal, es reactivar el Parlament y crear allí la correspondiente comisión especial de investigación sobre la violación de derechos fundamentales en Catalunya y sobre lo que sea necesario. El parlamento es el refugio de los demócratas. Es necesario que los políticos hagan su trabajo para que no se debilite la resistencia de la gente en la calle. Recurrir al parlamentarismo es el antídoto de la mayoría soberanista para combatir la cirugía de hierro que quieren aplicar en Catalunya el gobierno español y la casta del 78. Es también una forma de proteger a los partidos soberanistas ante la tentación unionista de ilegalizarles.