La familia Pujol se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó ayer la apertura de juicio oral contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol, sus siete hijos y 11 personas más, entre ellas la exmujer del hijo mayor, Mercè Gironés, y los empresarios Luis Delso, presidente de la constructora Isolux e implicado en otros sumarios de corrupción, Carles Sumarroca, de la familia de los vinos espumosos, y Carles Vilarrubí, exvicepresidente del Barça y de la Banca Rothschild en España. Se les acusa de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la hacienda pública y frustración de la ejecución. Un buen cesto de infracciones que puede comportar condenas de prisión muy altas para los principales acusados, además de multas multimillonarias. Para empezar, Pedraz requiere al primogénito de los Pujol que, en diez días, deposite 7 millones y medio de euros y a Mercè Gironés 400.000 por la posible responsabilidad civil de los delitos fiscales. Está claro que el juez apunta de manera muy clara contra el antiguo matrimonio, si bien la imputación de asociación ilícita es general. Este enfoque es el que ha servido para que algunos periódicos de la capital española calificaran a la familia Pujol como un clan mafioso.
No hay que ser muy listo para relacionar la investigación de la familia Pujol con el proceso soberanista de la última década. Era imprescindible atajar la apuesta de CDC por la independencia por la vía que fuera. Que el Estado invirtiera tantos esfuerzos para desacreditar el proceso no debería extrañar a nadie. Todos los estados se defienden con uñas y dientes ante lo que consideran ataques al orden establecido y a la unidad territorial, aunque lo tengan que hacer forzando la inteligencia de los ciudadanos. A finales de junio de 2018, por ejemplo, un juzgado penal de Madrid absolvió a los periodistas Eduardo Inda, Esteban Urreizteta y Fernando Lázaro que en diciembre de 2014 habían proclamado desde la portada del diario El Mundo que el alcalde Xavier Trias tenía una cuenta bancaria en Suiza. Trias denunció a los periodistas por un delito de calumnias. El juez que absolvió a los calumniadores consideró que la noticia que se difundió era de interés público y que no se trataba de un simple rumor o insinuación, “sino que provenía de una fuente seria y fiable”. Si una información es falsa, es falsa, ¿verdad?, aunque la fuente sea Su Santidad el Papa de Roma. Pero la justicia española pasa de todo. La cuestión es que el alcalde Trias no tenía ninguna cuenta corriente en Suiza, tal como certificó el banco UBS. Anticorrupción archivó la causa, pero el mal ya estaba hecho. El alcalde Trias se libró de una buena porque la acusación no tenía ningún fundamento. Ahí lo tienen recuperado, a punto de cumplir los 75 años, volviendo a la arena pública: esta semana ha sido nombrado, a propuesta de Junts, a pesar de que el 14-F apoyó al PDeCAT de Àngels Chacón, nuevo presidente del consejo de administración del Institut Català de la Salut (ICS), la empresa pública de servicios de salud de la Generalitat de Catalunya. Si eres honrado y sabes rectificar a tiempo, tienes cuerda para rato.
El régimen del 78 se caracteriza por la corrupción. En la España constitucional postfranquista la corrupción se ha generalizado al por mayor, vinculada a la financiación de los partidos, a la obra pública y a las comisiones recibidas por personajes convertidos en intermediarios o conseguidores
Las acusaciones contra la familia Pujol tienen más fundamento. Esta es la diferencia con el caso Trias. Algunas de las inculpaciones están más que probadas, puesto que los propios interesados lo han confesado públicamente —el famoso legado del abuelo escondido en Andorra durante años— o bien porque, como en el caso de Oriol Pujol, el acusado acabó aceptando ante una jueza de la Audiencia de Barcelona una condena de dos años y medio de prisión por haber cobrado comisiones ilegales de empresarios afines del sector de las ITV, con lo que evitó ser juzgado por un tribunal popular y pasar la vergüenza de un juicio público. Pero existen personas con mucho morro y Oriol Pujol es una de ellas. Soy testigo de ello. En su día escuché como negaba vehementemente que tuviera nada que ver con el caso que salpicaba a su mujer, Anna Vidal. Oriol Pujol estuvo menos días encarcelado que aquellos dirigentes de CDC que le acompañaban crédulos hasta las puertas de los juzgados. Mirad dónde están ahora Josep Rull y Jordi Turull. Todavía en Lledoners condenados a altísimas penas por sedición. En España, la corrupción se paga con menos prisión que luchar democráticamente por la libertad. Hay gente que te das cuenta que no son de fiar con solo cruzar dos palabras. A mí me ocurrió con este hijo del president Pujol, a quien no se le conoce otro mérito que este.
No duden que cuando juzguen a la familia Pujol la prensa de Madrid se lanzará contra lo que políticamente representaba el president. El anticatalanismo correrá a discreción. Pero el caso de los Pujol no tiene nada que ver con el catalanismo, el independentismo, el soberanismo o cualquier doctrina política. Solo es el pretexto, como la corrupción del rey Juan Carlos no implica una impugnación de la democracia en general, como doctrina y sistema político que reclama la soberanía del pueblo. Los dos casos, en cambio, sí que son un reflejo de lo que ha sido el régimen del 78, el contexto. En realidad, son concomitantes, aunque tengan raíces diferentes. Carles Vilarrubí fue asesor y tutor de Iñaki Urdangarin, el yerno del rey emérito que creyó que podía actuar como su suegro y acabó siendo juzgado y condenado. Vilarrubí, que está casado con Sol Daurella, la propietaria de la embotelladora de Coca Cola en Europa, y por tanto forma parte de la reducida jet set catalana, es uno de los máximos exponentes del sector negocios de la antigua Convergència. El juez le pide 5 años de cárcel y que pague dos multas por un valor aproximado de 300.000 euros, que para él debe de ser calderilla. Lo que dañará su reputación es si finalmente lo condenan a prisión.
El régimen del 78 se caracteriza por la corrupción. Se habla mucho de los oligarcas rusos que se enriquecieron después de la caída del comunismo en la URSS, en la España constitucional postfranquista la corrupción también se ha generalizado al por mayor, vinculada a la financiación de los partidos, a la obra pública y a las comisiones recibidas por personajes convertidos en intermediarios o conseguidores. Quizás a alguien le parecerá injusto que se juzgue a la familia Pujol mientras que el rey emérito todavía eche mano del erario público con la cobertura, ¡ay!, del “gobierno más progresista del mundo”. Lo es. Pero, digámoslo alto y claro, vistas las pruebas, parece ser que es de justicia que los Pujol se sienten en el banquillo de los acusados. De las bondades o no de la obra de gobierno de Jordi Pujol ya hablaremos dentro de cien años, como escribí en un largo artículo.